Los estudiantes de la Universidad Evangélica de Nicaragua Martin Luther King Jr. (UENIC) expresaron su «rechazo y repudio» a la ilegalización del centro de estudios superiores, ejecutada este viernes por el Ministerio de Gobernación (Migob).
En un enérgico comunicado, realizado de forma anónima «para evitar represalias», los universitarios denunciaron que el interés del régimen de Daniel Ortega es «robar» la institución bajo argumentos falsos.
A nuestra Alma Mater «se le ha despojado injustamente de su personería jurídica de forma ilegal (…) Rechazamos cualquier acusación falsa en contra de nuestra universidad con el fin de hurtar los bienes del mismo», señala el comunicado.
Asimismo, reclamaron que «merecen una educación en libertad y con calidad», pero aseguran que desde la insurrección popular de 2018, «Nicaragua se encuentra en Estado de sitio donde no existe una institucionalidad» y, en medio de sus problemas políticos, arrasa con todo a su paso.
Sin embargo, afirmaron que esta situación no se puede «pasar por alto» y tampoco los «callará».
«Los estudiantes no somos perros para quedarnos callados y dejar pasar por alto todas estas injusticias. Hemos defendido con orgullo y dignidad nuestros derechos, hemos dado la vida y derramado sangre por nuestra patria. No podrán callarnos ni detenernos», resaltaron.
«La dictadura de los Ortega Murillo nos ha quitado todo, pero hay algo que jamás podrán quitarnos: La fuerza y el amor a Nicaragua», sostuvieron.
Los estudiantes recordaron que los dirigentes de la dictadura sandinista «siempre fueron ladrones», pero confían en que «pronto la piñata se les va a acabar y tendrán que devolver todo lo robado».
Por su parte, la sede de la UENIC en Matagalpa avisó que las clases quedan suspendidas.
La UENIC estaba a cargo del reverendo Benjamín Cortez Marchena, quien en febrero de 2019 recibió un homenaje por su trayectoria religiosa por parte de las iglesias evangélicas de Nicaragua, y aprovechó la cobertura periodística de medios oficialistas para expresar su respaldo al régimen de Ortega.
Desde diciembre de 2018, Ortega y Murillo han utilizado a la Asamblea Nacional y al Ministerio de Gobernación para cancelar miles de organizaciones sin fines de lucro (OSFL) con argumentos calificados de «espurios». Dentro de las más de tres mil ONG cerradas, hay al menos 30 centros de educación superior confiscados.
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