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Minsa cobrará a sus trabajadores los daños que causen a vehículos de la institución

El comunicado, firmado por Martha Reyes, ministra de salud, se lee que se le cobrará al conductor o funcionario del Minsa en lo que se determine la responsabilidad por daños en accidente de tránsito.

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió un comunicado para notificarle a sus empleadores que deben responder por los daños que causen a los vehículos de trabajo y ambulancias de esa institución.

“En relación a los daños de vehículos de trabajo y ambulancias del Minsa, debido a accidentes de tránsito, en lo que se determine la responsabilidad del conductor o funcionario del Minsa, este asumirá los costos de reparación del vehículo, sin perjuicio de la aplicación de la sanción disciplinario que corresponda”, dice el comunicado emitido el pasado 28 de noviembre, pero que trascendió hasta este miércoles 12 de diciembre.

El comunicado está firmado por Martha Verónica Reyes Álvarez, ministra de salud.

“Los directores de los Silais (Sistemas Locales de Atención Integral en Salud) deben garantizar el cumplimiento de esta disposición, la cual surte efecto a partir de la fecha”, dice otra parte del comunicado, en que no dan mayores detalles de cómo se aplicará esta medida para los empleados públicos.

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Más presión a trabajadores del Estado

El régimen sandinista está presionando cada vez a los funcionarios públicos con medidas de austeridad. A parte de la vigilancia política que mantiene hacia ellos y las amenazas, se suman otras medidas que les afectan en gran manera.

El pasado 23 de noviembre la Asamblea Nacional, controlada por la dictadura, aprobó la “Ley para el cálculo de indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado”, con la que el régimen dio la estocada a sus servidores al quitarle una buena parte de la liquidación que le corresponde a los trabajadores por sus años de servicio en el Estado.

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La medida se aplicó a más de 180 mil trabajadores en el Estado.

Pero hay más presión. Recientemente la dictadura ha prohibido a los funcionarios comprar boletos aéreos a las agencias de viajes. Esta es “otra política de control total de parte de la presidencia a través de las compras. Ellos quieren saber más allá quiénes viajan y dónde viajan”, opinó una fuente consultada por Nicaragua Investiga.

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