Una vez más el régimen inaugura con bombos y platillos una obra dentro de una de las propiedades confiscadas arbitrariamente a organizaciones de la sociedad civil, como parte de la represión y las múltiples violaciones en contra de los nicaragüenses.

Este jueves 17 de octubre la Alcaldía de Masaya inauguró la Casa Museo Dr. Alejandro Dávila Bolaños en las instalaciones que pertenecían al Colectivo de Mujeres en esa ciudad.

Capturan a miembro de la Juventud Sandinista por tráfico de drogas

“Este edificio fue robado por la dictadura de Daniel Ortega; y estos son los cómplices del robo. Merecen la condena moral de la sociedad masayense”, dijo Yubrank Suazo, desterrado por la dictadura a Estados Unidos en febrero de 2023, junto a 221 presos políticos.

Suazo recordó que el edificio robado por la dictadura sirvió de apoyo durante muchos años a las mujeres víctimas de violencia en Masaya. También refirió que estaba ubicado frente a la esquina de la azucarera.

Casa tomada por militantes sandinistas

Según líderes de la oposición la casa fue tomada por miembros de la Juventud Sandinista y paramilitares a pocos días de haber iniciados las protestas de abril de 2018.

El acto de inauguración estuvo presidido por las autoridades municipales de Masaya y también contó con la presencia del fotógrafo Oscar Duarte, nieto del reconocido médico nicaragüense Alejandro Dávila Bolaños, por quien el Hospital Militar lleva su nombre.

43 propiedades confiscadas en la última semana

Además de las propiedades que el régimen confiscó desde 2018 a la fecha, la dictadura a través de la Procuraduría General de la República (PGR) ordenó esta semana la confiscación de otras 43.

Estas 43 propiedades fueron declaradas de utilidad pública, según dos acuerdos administrativos publicados el miércoles 16 y jueves 17 en La Gaceta, diario oficial de Nicaragua.

Declaran otras ocho propiedades de “utilidad pública”

La PGR declaró el miércoles que las primeras 35 propiedades, todas ubicadas en Managua, pasaron a utilidad pública porque “que podrían ser utilizadas para perturbar la paz, el bienestar y la seguridad ciudadana de los nicaragüenses”.

Mientras que las otras ocho, ubicadas en Nindirí, Masaya, serán “usadas” para “interés social” y garantizar supuestamente el agua potable en zonas aledañas.