En una medida que ha causado conmoción internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en las primeras 24 horas de su mandato una orden ejecutiva que suspende por 90 días todos los programas de asistencia exterior estadounidenses.
Esta decisión, que busca alinear la ayuda con la política exterior de la Casa Blanca, amenaza con asestar un fuerte golpe a Nicaragua, un país sumido en una crisis política bajo el régimen de Daniel Ortega y que depende en gran medida del respaldo financiero y técnico brindado por agencias como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
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La orden ejecutiva señala que la asistencia exterior “promueve ideas antitéticas a los valores estadounidenses” y que, en muchos casos, “desestabiliza la paz mundial”.
Por ello, la administración Trump ha decidido pausar de manera inmediata las nuevas obligaciones y desembolsos de fondos de asistencia para el desarrollo hacia países extranjeros, así como las ejecuciones de organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y contratistas.
La meta es revisar a fondo la eficiencia de estos programas y su coherencia con los intereses de la política exterior de la actual administración.
Impacto directo en Nicaragua
En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ha mantenido un clima de represión contra opositores, defensores de derechos humanos y medios de comunicación independientes.
Ante este panorama, el apoyo de USAID y otros programas de cooperación de Estados Unidos se convirtió, durante años, en un pilar fundamental para la promoción de la democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión y el fortalecimiento de la sociedad civil.
La suspensión de fondos que financian proyectos de ayuda humanitaria y desarrollo local podría agravar la crisis interna que vive Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Organizaciones de la sociedad civil que dependen de esta asistencia se verían obligadas a reducir o cesar sus actividades, debilitando aún más el ya frágil estado de los derechos humanos y la gobernanza democrática en el país.
Por ahora, la decisión deja a la espera de una posible reanudación anticipada de algunos proyectos, siempre que el Secretario de Estado o su designado, en conjunto con la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), determine que dichos programas cumplen con los intereses de la política exterior de la Casa Blanca.
Sin embargo, la incertidumbre reina sobre cómo y cuándo se restablecerá la asistencia, y si las organizaciones críticas al régimen de Daniel Ortega que aún sobreviven fuera del país podrán mantener sus operaciones en un momento tan delicado para la democracia y la libertad de expresión en Nicaragua.
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