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Antonia Urrejola: “Sabemos que no hay protestas masivas por que los espacios públicos donde se suele protestar están atestados de policías antimotines”.
Hoy se cumplen dos años del estallido social de abril al que el gobierno de Daniel Ortega respondió con violencia y represión. Los manifestantes rechazaban una reforma unilateral al Seguro Social. Los resultados fueron 328 muertos, más de 100 mil exiliados y más de 600 presos políticos.
Daniel Ortega liberó por medio de la presión internacional a la mayoría de líderes apresados, pero hoy siguen privadas de libertad 70 personas y el hostigamiento y persecución continúa de forma deliberada de parte de policías y paramilitares.
Antonia Urrejola, Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó a Nicaragua Investiga que la vigilancia y el hostigamiento es una política de Estado instaurada.
“No podemos, especialmente la comunidad y las organizaciones internacionales, normalizar una situación de violación sistemática a los derechos humanos, como esta. Acá hay evidentemente una estrategia estatal sofisticada para cerrar todos los espacios sociales y políticos”, expresó Urrejola a este medio de comunicación.
El espejismo de la “normalidad”
La defensora de los derechos humanos afirma que en Nicaragua “quieren hacernos creer que como no hay protestas masivas”, la situación en el país se está normalizando, “pero sabemos que no hay protestas masivas por que los espacios públicos donde se suele protestar están atestados de policías antimotines; todos los líderes y lideresas que pudieran articular manifestaciones se encuentran vigilados, amenazados y asediados”, señala.
Por otra parte, Urrejola indica que la estrategia del Frente Sandinista es “hacernos creer que como han disminuido las víctimas fatales de la crisis, entonces la situación es normal, pero sabemos que ello es porque no hay necesidad de disparar en contra de manifestantes como lo hicieron en 2018: las ciudades, las calles y las casas están vigiladas para evitar manifestaciones”, añade.
La Comisionada de la CIDH expone que están conscientes que hay pocos presos políticos, “pero sabemos que detienen todos los días a personas con el fin de amedrentarlas y que siguen criminalizando a personas opositoras”, indica, y expone que “sabemos que la sociedad civil ha llegado a reportar hasta un promedio de 6 detenciones diarias”.
Cientos de oficiales han sido incorporados a la institución policial desde que estallaron las protestas en abril de 2018. Foto: NICARAGUA INVESTIGA.
“La Comisión ha reconocido esta nueva etapa de la represión que se ha venido consolidando desde junio del año 2019, como el ataque más intenso y sistemático a las libertades públicas desde el inicio de la crisis, a través de un Estado policial que mantiene suspendidos o severamente limitados derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación, donde no se permite ninguna forma de disidencia, el derecho de reunión, la defensa de derechos humanos, la protesta social y a participar en la dirección de los asuntos públicos”, reveló Antonia Urrejola.
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Foto principal: EFE
Nicaragua Investiga
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