Aliados de Ortega advierten a «amnistiados» del 2019

En diciembre de 2020 la Asamblea Nacional al servicio de Daniel Ortega aprobó un combo de leyes restrictivas que convierten casi cualquier actividad de oposición en un delito.

Aliados del actual mandatario sandinista Daniel Ortega, en entrevistas a medios oficialistas han dejado en claro que la Ley de Amnistía que fue aprobada con urgencia por la Asamblea Nacional en 2019 no cubre nuevos delitos, que según ellos están cometiendo los opositores al buscar la salida del FSLN del poder. Wilfredo Navarro, diputado sandinista, y Francisco Bautista Lara, exsubdirector de la Policía Nacional, afirmaron que los adversarios del actual gobierno deben tener cuidado de sus acciones o enfrentar nuevamente la cárcel.

El exsubdirector de la policía y efímero exembajador de Nicaragua en El Vaticano, dijo que «aquel perdón que cubrió el período de abril 2018 a junio 2019, tuvo una contundente condición que no podemos olvidar: No repetición» y agrega que quienes han sido beneficiados con esta Ley “deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de los delitos aquí contemplados”, de lo contrario, » trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por esta Ley”.

Aumenta la incertidumbre en la banca nacional

Navarro afirmó que «cuando se declara la amnistía es amnesia, se acaba el delito, se acaba la pena, se acaba todo», sin embargo, amenazó que «si la reincidencia en la comisión de delitos se continúa dando en el tiempo, entonces ya esa amnistía no te cubre», pese a que quienes han sido detenidos en las últimas semanas, no habían sido procesados anteriormente por delito alguno. Las investigaciones judiciales se abrieron luego que en diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobara leyes que condujeran a justificar actividades de oposición como delitos.

«Aquí no se está abriendo causas por delitos que se cometieron durante el periodo de la amnistía, ni tampoco las leyes que se están aplicando son de carácter retroactivo. La ley se aplica a partir de su aprobación y publicación en La Gaceta», sostuvo el diputado sandinista.

El abogado y exfuncionario judicial Yader Morazán alega que la Ley 1055, o «Ley de Soberanía», que cita el gobierno para encarcelar a opositores bajo el cargo de «traición a la patria», es no legitima allanamientos «ni secuestros». Además indica que la forma en que esta ley fue redactada «es totalmente inaplicable por ser muy general, vaga, y ambigua».

Amenazas a «ricos de Nicaragua»

Bautista Lara indicó que «ni la investidura política o religiosa, ni el apellido o ascendencia familiar, ni la encumbrada posición económica o social, ni la pertenencia a alguna organización, empresa, iglesia, partido o gremio», justifica la «responsabilidad penal o administrativa». La semana pasada el agente de propaganda sandinista William Grigsby también había amenazado a  banqueros y sacerdotes, asegurando que serían los próximos en ser alcanzados por lo que denominan «Operación Danto 2021».

Recientemente, Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo de Banpro, fue detenido por la Policía Nacional, mientras Juan Carlos Sansón Caldera, gerente general del Banco de América Central (BAC), recibió restricción migratoria, además de congelamiento de cuentas y levantamiento de sigilo bancario y tributario por parte de una juez de Managua que investiga supuestas actividades ilícitas de exfuncionarios de FUNIDES, caso abierto en contra del precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro.

Wilfredo Navarro se refirió al caso y dijo que los banqueros se creen «intocables» porque a su criterio «hay una creencia que tener dinero o tener un apellido te da impunidad para cometer cualquier cosa, y como es rico hay que tomárselo en gracia». Así mismo, expresó que legalmente el «sigilo bancario» pertenece al proceso investigativo que realiza el Ministerio Público contra los «imputados».

Dos banqueros fueron citados en la Fiscalía: Rivas Anduray fue arrestado después de presentarse

«Aquí nadie es inmune y la ley es la ley. Y se aplica seas rico o seas pobre. Ahora hay una visión de llegar hasta el fondo de las cosas. Que porque tenés un apellido, sos periodistas, sos banquero, sos empresario. No señores aquí las cosas cambiaron y hay millones de dólares que se manejaron de manera oculta, el camino del crimen está ahí en las transacciones bancarias que se han hecho» agregó el diputado sandinista.

Ahora bien, Lara manifestó que durante el «fallido golpe de Estado» fueron detenidos e investigados «los autores materiales o ejecutores de la inusitada violencia» refiriéndose a los centenares de presos políticos que se beneficiaron de la Ley de Amnistía, y que ahora le corresponde presentarse ante la justicia a quienes denominó “autores intelectuales” por  supuestamente solicitar «sanciones, injerencias y agresiones» al país y a su juicio son los empresarios, los ricos y los banqueros que asegura movieron plata para financiar las protestas sociales.

Por otro lado, Navarro dijo que la aplicación de sanciones de parte de Estados Unidos, y la aprobación de la Ley Renacer en el congreso norteamericano, traería fuertes repercusiones contra «en el pueblo nicaragüenses», pese a que las medidas estrictas de las sanciones son dirigidas a funcionarios públicos del gobierno sandinista.

«No hay que perdonar a esta gente, que cumplan con la ley y que no caminen torcido» enfatizó el diputado sandinista.

Ley de Amnistía en Nicaragua

En 2019, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó con carácter de urgencia una «Ley de Amnistía» que absolvió a todas las personas que han sido señaladas de haber cometido delitos durante las protestas antigubernamentales que cubrieron el país desde abril de 2018. Uno de los artículos establece que las personas excarceladas y que reincidan en delitos pueden ser recapturadas y judicializadas.

La Amnistía de ese año fue considerada ilegitima por organismos de derechos humanos porque acusaron al gobierno de ser el perpetrador de crímenes de lesa humanidad y haber tomado presos políticos para negociar.

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