El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue con su guerra contra las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), y próximamente planea cerrar otros 15 organismos.
El pasado 12 de agosto el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, vicepresidente de la Comisión de Paz, Gobernación y Derechos Humanos del Parlamento, introdujo ante la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional la Iniciativa Legislativa de Cancelación de Personalidad Jurídica de 15 ONG.
La petición llevó adjunto un informe de la directora del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, Franya Urey Blandón, al presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras.
Las organizaciones a cerrar son el Instituto Nicaragüense de Investigación y Educación Popular (INIEP), Asociación Soya de Nicaragua (SOYNICA), Acción Médica Cristiana, Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Asociación Instituto Centroamericano de Integración Social (ICIS), Asociación Centro de Estudios para la Gobernabilidad y Democracia (CEGODEM), Federación de Organismos No-Gubernamentales de Nicaragua (ONG NICARAGUA), Fundación Diakonia Nicaragua, Fundación Entre Volcanes y Fundación Médicas Nicaragüenses Dra. Concepción Palacios (FUMEDNIC).
También la Fundación Mejía Godoy, Fundación Xochiquetzal, Asociación Instituto de Investigación y Gestión Social (INGES), Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka – Jalapa (OYANKA) y la Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (RED LOCAL).
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Acusaciones del Ministerio de Gobernación
El Ministerio de Gobernación las acusa de incumplir la Ley 147, Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro; la Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo, y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; y la Normativa del Departamento de Asociaciones para la Regulación y Supervisión de Organismos sin Fines de Lucro.
El gobierno expresa que estas organizaciones “han desarrollado sus actividades al margen de la ley y actuando contra ley expresa”.
Así mismo, indica que las Juntas Directivas tienen plazos vencidos en diferentes días, meses y años, violentando así el Artículo 21 dela Ley 147.
Otra cosa de la están siendo señaladas es de no presentar sus estados financieros entre el 2006 y el 2020 con sus desgloses detallados.
Igualmente las acusan de no presentar los convenios entre donante y ONG, “sobre sus proyectos y actividades, que definan claramente fuente de financiamiento, cartera de proyecto (s), el impacto social de los mismos y si están acorde a los fines y objetivos de cada una de las entidades sin fines de lucro”, lo cual está establecido en el Artículo 13 de la Normativa del Departamento de Asociaciones para la Regulación y Supervisión de Organismos sin Fines de Lucro.
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Tampoco han entregado, según Gobernación, “los documentos de identidad de sus proveedores de fondos, y soporte de ingresos, la buena reputación de sus beneficiarios y de sus OFSL asociadas”.
Así mismo, se les señala de no presentar “la identidad y origen de todos sus miembros donantes; nombres apellidos, cédula de identificación o pasaporte, dirección exacta domicilio y teléfono” conforme el Artículo 14 de la Ley 977.
“Con estas omisiones e incumplimiento de la legislación nacional que regulan la materia y otras normas relacionadas, estas entidades en cuestión han venido obstaculizando el proceso de supervisión, control y vigilancia que para tal efecto realiza el Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro”, expresa el Ministerio de Gobernación.
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