La confiscación de bienes a nueve Organizaciones No Gubernamentales (ONG) cerradas a partir del 2018, generó un beneficio de cuatro millones de dólares a las arcas del régimen Ortega- Murillo., a la vez que representó un gran daño a la sociedad dado el trabajo que estas realizaban en los territorios.
Las organizaciones Red Local, Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, Popol Na, Fundación del Río y El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, presentaron el informe “Expediente Nicaragua” en el que se logró recabar nueve expedientes de ongs a las que el régimen les canceló su personería jurídica.
Carlos Guadamuz, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + declaró que el cierre afectó sectores ambientales, económicos y sociales.
“50 mil nicaragüenses quedarán anualmente sin tener acceso a los servicios de primera necesidad en 50 municipios donde las ongs proporcionaban sus servicios, se favoreció sus arcas (Gobierno) en cuatro millones de dólares en confiscación de las nueve organizaciones”, indicó Guadamuz.
Muchos desempleados
El informe señala que la administración sandinista desarticuló el trabajo comunitario de al menos unos 468 colaboradores o voluntarios de las nueve organizaciones, lo que establece una violación al derecho de tutelar y proteger la participación y libertad de asociación.
“Expediente Nicaragua” indica que unas 152 personas que eran colaboradoras de estas ongs se quedaron en el desempleo además de que se sumaron agresiones, amenazas, vigilancias, detenciones, entre otros ataques.
Ilegalizadas el 42% de las ONG
Según el documento, hasta noviembre del 2022, la dictadura cerró unas 3,106 organizaciones sin fines de lucro (SFL), 54 medios de prensa, partidos políticos, 3 micro financieras, y a eso se le suman el cierre de las organizaciones internacionales que se encargaban de atender a las personas en las localidades alejadas brindándoles servicios de salud y educación.
En concreto de las 7,222 organizaciones sin fines de lucro que existían antes del 2018, el régimen ha ilegalizado al 42%.
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Indica también que entre el año 2007 y el 2020 se realizaron cancelaciones de personerías jurídicas por la Asamblea Nacional, eliminación de registros por el Ministerio de Gobernación, amenazas, confiscaciones y allanamiento aún cuando las organizaciones gozaban de Cédula Ruc Vigentes, Representantes legales y certificación emitidas por gobernación, además de otros documentos en regla.
“Expediente Nicaragua” habilitó el sitio digital www.libertadasociacion.org con el fin de continuar monitoreando y documentando los cierres de organizaciones, y conservar la memoria histórica además de exigir justicia cuando la situación cambie en Nicaragua.
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