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Despojo de nacionalidad y robo de bienes es «una venganza contra el exilio»

Comunidad internacional, organizaciones, analistas y defensores de derechos humanos condenan el despojo de nacionalidad y bienes a 94 nicaragüenses.

Fotos Medios oficialistas/ NI

Una vez más el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo hace de las suyas, al quitar la tarde del miércoles la nacionalidad nicaragüense a 94 personas, a sabiendas que con esto viola acuerdos internacionales y la misma legislación nacional.

En la lista personas a las que se les despojó de la nacionalidad y también de sus bienes hay  periodistas, defensores de derechos humanos y activistas opositores. Se trata de una medida descomunal que tiene indignadas a los víctimas y desatado el repudio a nivel nacional como internacional.

La activista costeña, Daysi George, especialista en derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, manifestó que el despojo de la nacionalidad «no es nada nuevo de los sandinistas, que en los últimos años han venido sembrando solo «odio, violencia, violación a los derechos humanos. De eso viven».

Así mismo, recalcó que el pueblo es el testigo más grande de estas aberraciones. «Con sus hechos cualquier opositor con elecciones transparente les quitará el poder, precisamente por eso necesitan inhabilitar y despojar a los ciudadanos con capacidad. Estos datos revelan la cobardía del régimen OrMu. Porque no tienen nada que dar más que dar, solo represión».

Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó la arbitraria medida, con la que el régimen sigue violando las leyes. «Nuestra condena total. Quitar la nacionalidad a una persona por sus opiniones es contrario a todo derecho y es otra forma de tortura ejercida por la dictadura en Nicaragua», compartió Almagro en su cuenta de twitter.

 

Medida que viola artículo 20

El abogado y defensor de derechos humanos, Juan Carlos Arce,  miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, expresó que es una aberración jurídica, ya que no existen precedentes en la historia de Nicaragua de medidas de este tipo.

Expone que el régimen lo que hace es violar la Constitución nicaragüense que prohíbe la confiscación.

«Viola el artículo 20 de la Constitución en el que se señala que los nicaragüenses no pueden perder su nacionalidad, estamos claros que la ley recientemente creada y las reforma constitucional es ilegal, además hay un principio universal de que ninguna pena puede hacer retroactiva, ninguna sanción, solamente en materia penal cuando beneficia al reo  y aquí están además de violando el procedimiento para la reforma constitucional que requiere dos periodos legislativos, además de violar los artículos de la constitución política, además de violar principios internacionales al aplicar sanciones de manera retroactiva, están violando las normas del debido proceso porque están sancionando, condenando sin juicio, sin procedimiento alguno», añade Arce.

Arce destaca que ninguna de las personas que fueron este miércoles acusadas de «traición a la patria» y despojadas de sus bienes y de sus derechos, ha sido procesada, «una parte de ella está fuera del país, una parte importante, entonces aquí estamos ante un régimen que no tiene el mínimo reparo en cuanto al respeto de la ley, un régimen que aniquiló completamente el estado de derecho…», manifiesta.

Una venganza

Arce refiere que esta es una acción de «venganza» contra el exilio que se ha convertido en una plataforma de lucha. «Digo exilio porque la mayoría que están ahí, en esa lista, son personas que están en exilio, que precisamente se vieron obligadas a salir porque el régimen de Ortega los obligó a salir, de tal manera que es un golpe que pretende desmovilizar y silenciar al exilio como una de las voces que en este momento es la voz que habla, porque en Nicaragua no se puede hablar porque vas preso…».

Según Arce, lo que estamos viviendo en Nicaragua es una etapa de «crueldad, violaciones a los derechos humanos que no tiene antecedentes en nuestra historia y posiblemente en la región latinoamericana, ninguno de los regímenes militares del siglo pasado se atrevieron a tanto como el régimen de Ortega».

Por su parte la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), se pronunció en su cuenta oficial de twitter ante la situación que ocurre en Nicaragua, con los más recientes nicaragüenses despojados de su nacionalidad y bienes.

«Alarma la información que estamos recibiendo sobre la decisión arbitraria del Estado de declarar traidoras a la patria a 94 personas sin siquiera un juicio, de despojarlas de su nacionalidad y patrimonio, y declararlas prófugas de la justicia», refiere.

El analista político José Dávila manifiesta que ya casi no quedan palabras para describir todo lo que ha venido  haciendo la dictadura. «Imparables las injusticias, imparables las arbitrariedades, imparable la destrucción del país, imparable la saña contra los ciudadanos que no piensan como el gobierno. Un país surrealista», señaló.

Extrema crueldad

Unión Democrática Renovadora, UNAMOS, insistió también en que las «medidas represivas» como esta carecen de «valor jurídico».

«Estas medidas no tienen ningún valor jurídico porque provienen de un régimen carente de legitimidad. Nada ni nadie puede despojar de su nacionalidad a ningún nicaragüense. Esto solo refleja el miedo a las renovadas esperanzas de los luchadores por la democracia luego de la obligada liberación y destierro de 222 presos políticos, que tiene la dictadura», expresa su pronunciamiento.

Destaca que la decisión de borrar de los registros públicos a las personas declaradas prófugas de la justicia y confiscar sus propiedades «es un extremo de crueldad que no había alcanzado ninguna dictadura en la historia de Nicaragua».

 

Autor
Nicaragua Investiga
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