Víctimas del régimen presentan testimonios ante la CIDH y piden medidas urgentes

Este viernes durante la audiencia pública: “Privación arbitraria de la nacionalidad y violaciones a los Derechos Humanos en Nicaragua”, en el marco del periodo de sesiones 186, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) denunciaron los despojos arbitrarios de la nacionalidad y graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, por lo que hicieron varias peticiones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) .

Una de ella es que continúe monitoreando y documentando las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad a través del mecanismo de seguimiento para Nicaragua a como lo han venido haciendo.

También solicitaron acompañamiento a todas las víctimas y que sea pertinente que las peticiones individuales y las medidas cautelares que han sido otorgadas por la comisión sean realizadas de manera diligente y de ser posible ser elevadas ante la CIDH.

Así mismo destacaron que es urgente que la comisión continúe exigiendo la liberación inmediata de todas las personas presas políticas.

Otra de las peticiones es la intermediación de la CIDH ante los países receptores de nicaragüenses despojados de su nacionalidad para que brinden protección internacional y que implementen políticas publicas conforme estándares internacionales.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ dejó claro que es necesaria la creación de una mesa técnica que, dé respuesta ante el despojo de las nacionalidades, así como un grupo de trabajo sobre los procedimientos necesarios para la adopción de otras nacionalidades, como las ya ofrecidas por Argentina, Chile, Colombia y otros países.

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Otras de las solicitudes que se hizo ante la audiencia es que la comisión mantenga las medidas de protección a las personas que permanecen privadas de libertad por motivos políticos.

Que se garantice la reunificación familiar, facilitando la emisión y vigencia sin contratiempos de información oficial básica para ejercer derechos ciudadanos para las 317 afectadas por las violaciones de derechos humanos.

Por su parte Carla Sequeira de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) junto al equipo piden a la comisión que continúen con el monitoreo permanente para los presos “aún políticos que se encuentran en Nicaragua”.

Julissa Mantilla Falcón, relatora para Derechos de las Mujeres, comentó que han monitoreado la violación de los derechos y resaltó a la CIDH el tema de la memoria, la posibilidad de los testimonios e ir construyendo una comisión de la verdad y un mecanismo transicional.

“Esto no es un problema de Nicaragua, esto es un problema de la humanidad, de la democracia, no es un problema solo de los nicaragüenses, se está negando los derechos de las personas y la dignidad…”, agregó.

Testimonios de las víctimas

Durante la audiencia algunas de las víctimas de la dictadura presentaron sus testimonios, entre ellos el estudiante de Derecho Kevin Solís, Lucía Pineda Ubau, periodista y directora de 100% Noticias; Aníbal Toruño, director de Radio Darío ; la feminista Ana Quiroz; Haydee Castillo, feminista, defensora de derechos humanos y presidenta del Instituto de Liderazgo; las feministas y opositoras, Azalea Solís y Sofía Montenegro, todos despojados de su nacionalidad, algunos de sus bienes (propiedades) y acusados de “traidores de la patria”.

“Por este amor a mi país, se me ha violentado cada uno de mis derechos, se me ha secuestrado, torturado y expulsado de mi país, despatriándome y condenándome al destierro…”, manifestó Solís, quien el 23 de septiembre del 2018 en horas de la noche, fue secuestrado de la casa de seguridad donde se ocultaba por encapuchados, siendo encerrado por siete meses y luego liberado.

El 6 de febrero del 2020, nuevamente fue secuestrado esta vez al salir de la UCA. “Mi único delito fue amar Nicaragua y la libertad de expresión dejó de ser un derecho para convertirse en un delito que se paga con secuestros, torturas, destierros y muertes”, añadió Solís.

Por su parte Lucía Ubau, compareció a la audiencia pública para denunciar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por “despojarme de mi nacionalidad nicaragüense y de mi casa de habitación, ubicada en Managua, el pasado 15 de febrero…”, apuntó.

“Vengo ante la comisión para que mantengan las alertas sobre la grave situación en Nicaragua, la dictadura Ortega Murillo ha extendido la persecución, pese a que estamos fuera de Nicaragua, la persecución traspasó las fronteras”, refirió.

Ubau pidió a la comisión informe por las vías correspondientes, al gobierno de Costa Rica y otras naciones donde viven una parte de los despojados de nacionalidad nicaragüense para que activen sus medidas de seguridad ante la persecución que siempre representa un riesgo para la integridad física, “ya que no dudo que la dictadura nos quiere eliminar por completo…”, finalizó.

Aníbal Toruño, denunció la falta de implementación de las medidas cautelares otorgadas a favor de integrantes de Radio Darío, “como consecuencia de la destrucción del medio y atentado contra mi persona y personal en abril del 2018 y septiembre del 2019, me obligaron a mi segundo exilio”, destacó.

Toruño mencionó que el 12 de agosto del 2022 el régimen canceló las licencias de operación de Radio Darío, Radio la Guarachera y Radio Sky, propiedad de su familia, “finalizando así su estrategia de desaparecer nuestros medios…”.

Por su parte Haydee Castillo, feminista, defensora de derechos humanos y presidenta del Instituto de Liderazgo manifestó que desde que Ortega y Murillo retornaron al poder ha sido víctima y sobreviviente de persecución, agresión física, campañas de desprestigio, “acusaciones falsas de asesinatos y provocar violencia en Las Segovias, de atentados contra mi vida y actos delictivos contra mi patrimonio y el de mi familia…”.

“Solicito que la CIDH siga con atención y proponga medidas urgentes contra el desplazamiento forzoso de millones de nicaragüenses y la apatridia de 317 personas…”, añadió Castillo, quien agregó que “urge el tránsito a la democracia para la restauración de nuestra nacionalidad y derechos que nos han despojado”.