Congreso de EEUU escuchará testimonios de dos exreos políticos de Nicaragua

Una de las principales problemáticas que están atravesando parte de los 222 desterrados políticos de Nicaragua, desde que llegaron a Estados Unidos, es que todavía no tienen definido su estatus civil lo que impide tener acceso a programas de asistencia médica principalmente para los más vulnerables, pero también quieren visibilizar la lucha por la democratización en Nicaragua.

Estos son algunos puntos torales que el próximo 22 de marzo los exreos de conciencia Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro expondrán ante el subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara Baja de Estados Unidos, junto a sus esposas Berta Valle y Victoria Cárdenas, respectivamente.

Como una especie de portavoz de los exreos y de los que todavía se encuentran detenidos arbitrariamente en Nicaragua, este grupo de personas pedirá mayores medidas de protección en suelo estadounidense y una mayor presión para la liberación de todos los presos políticos de la dictadura Ortega- Murillo, entre estos, el obispo Rolando Álvarez, así como la democratización de este país centroamericano.

«Ya casi no hay obispos como monseñor Álvarez”, dice popular sacerdote mexicano

Maradiaga contó a la agencia de noticias EFE que será una audiencia en general para abordar la crisis de Nicaragua y la situación del remanente de presos políticos. De igual manera el excandidato presidencial indicó que ha sostenido encuentros con congresistas “para impulsar una solicitud de que se faciliten los trámites de asilo político”, y en cuanto a la crisis socio-política, está planificando concretar una campaña de lucha mundial y está trabajando en una gira por Europa con ese mismo objetivo.

“Estamos trabajando con algunos gobiernos europeos para que, a pesar de que estamos en una condición de apátridas, nos permitan viajar para explicar lo que está pasando en Nicaragua y movilizar algunas acciones diplomáticas”, refirió a EFE.

El pasado 9 de febrero un grupo de 222 presos políticos de Nicaragua, fueron desterrados hacia Estados Unidos, además de ser desnacionalizados por los supuestos delitos de “traición a la patria”. En la nación norteamericana el presidente Joe Biden les concedió un permiso humanitario que les permitirá vivir y trabajar en el país durante dos años.