Piden al Fondo Verde para el Clima no oxigenar a Ortega con US$115 millones

Organizaciones opositoras que conforman la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), piden a la junta directiva del Fondo Verde para el Clima que no autorice un desembolso de 115.7 millones de dólares para el proyecto de bioclima aprobado a Nicaragua, ya que estos recursos servirán más bien para oxigenar a la dictadura de Daniel Ortega.

Enrique Martínez, vocero de PUDE, explicó que la solicitud es porque consideran “ciertas valoraciones sobre el deterioro democrático institucional que existe dentro del país y que esto está argumentado con informes en materia de derechos humanos impulsados por el Mecanismo Independiente de Reparación (MIR), el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la OEA, el Grupo de Expertos de la ONU y Amnistía Internacional”.

Enrique Martínez, vocero de PUDE

Martínez dijo que estas organizaciones han detallado “que lo que se presenta es un amplio retroceso en esta temática en el territorio nacional y un abandono circunstancial de estos de estos temas y que a lo largo del tiempo se ha visto que la dictadura ha abandonado el tema ambiental y más bien ha sido cómplice de la violencia que ejercen ciertos grupos con privilegios y que invaden los territorios y comunidades e indígenas”.

El llamado de PUDE es a los Estados miembros para que revisen con detenimiento los resultados de los informes de las organizaciones que señalan al Estado de Nicaragua como culpable de cometer crímenes de lesa humanidad.

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Para esta plataforma, este millonario fondo en lugar de favorecer a las comunidades indígenas, oxigenará el actuar autoritario y violento de la dictadura sandinista y les permitirá continuar con la represión sistemática y reiterada a las poblaciones.

Datos del Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes revelan que entre el año 2022 y 2023 se han “registrado violaciones a los derechos humanos en 83 comunidades de 17 territorios de la Costa Caribe Norte traducidos en 571 incidentes, entre los que destacan invasión de tierras por colonos o terceros, criminalización de defensores, violencia política y represión contra la autonomía comunitaria”.