El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende colocar a exmilitares y expolicías que son abogados en las actuales vacantes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), indicó una fuente del poder judicial a Nicaragua Investiga.
La fuente, que pidió el anonimato, manifestó que por el momento no se conocen los nombres de los candidatos a magistrados judiciales, pero la lista será enviada a la Asamblea Nacional en los próximos días, probablemente en esta misma semana.
En la lista estarían siete exuniformados y tres actuales diputados de la Asamblea Nacional, entre ellos Wilfredo Navarro.
Navarro niega
Consultado por Nicaragua Investiga, Navarro dijo que todavía no se está hablando de esa lista, porque en la Asamblea están ocupados con el tema del presupuesto y el tratado de libre comercio con los chinos.
Referente a su probable nombramiento como magistrado judicial, Navarro dijo que nunca ha deseado ese cargo, porque eso significaría «quedarse callado».
Además, afirmó que nadie le ha hablado de esa posibilidad y que solo lo pueden hacer Daniel Ortega o «algún diputado que se quiera deshacer de mí en la Asamblea», expresó entre risas.
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La Corte está descabezada
La Corte está compuesta por 16 magistrados, pero actualmente solo están activos 10, aunque cuatro de ellos han sido desalojados de sus oficinas por órdenes de Rosario Murillo, en lo que supone una destitución de facto: los orteguistas Alba Luz Ramos, presidenta, y Yadira Centeno, así como los liberales Virgilio Gurdián y Manuel Martínez.
Los otros seis aún activos, y que no han sido sacados de sus oficinas son: Marvin Aguilar, Armengol Cuadra, Juana Méndez, Armando Juárez, Gerardo Arce (hermano de Bayardo Arce) y Ellen Lewin.
La fuente del poder judicial, que habló bajo anonimato, indicó que podrían ser hasta 13 los magistrados judiciales que se elijan en la Asamblea Nacional, porque, de los seis que aún no han sido desalojados de sus oficinas, solo Aguilar, Méndez y Lewin tienen sus cargos asegurados.
Aún no se sabe qué pasará con los otros tres: Cuadra, Juárez y Arce.
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Barrida
Desde el 23 de octubre pasado, cuando fue destituido el administrador de la Corte, Berman Martínez, los dictadores Ortega y Murillo han desatado una barrida de funcionarios del poder judicial que empezó, al día siguiente de la caída de Martínez, con la propia presidenta Alba Luz Ramos, y que se ha extendido a todas las dependencias del poder judicial en todo el país.
En redes sociales se habla de 400 personas despedidas, entre las que destacan jueces, magistrados y jefes de oficinas.
Los despedidos:
En las redes sociales y en varios medios de comunicación se habla de casi 400 funcionarios del poder judicial despedidos por la dictadura, entre los que destacan, entre muchos otros:
Magistrados de la Corte: Alba Luz Ramos, Yadira Centeno, Virgilio Gurdián y Manuel Martínez.
Magistrados de apelaciones: Martha Leiva, de Masaya; Martha Quezada, de Managua; Henry Morales, de Managua; Xiomara Narváez, de Masaya, Thelma Vanegas, de Granada; Adda Benicia Vanegas Ramos, de Managua; Luis Osejo Pineda, de Managua;
Jueces: En Matagalpa: juez de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria en Matagalpa, Martha Lorena Loáisiga; la juez Segundo de Distrito Civil Oral, Martha Susana González Centeno, y la juez Primero de Distrito Penal de Juicios, Claudia Angélica Sánchez, así como a la juez “suplente itinerante”, Lelia Castillo. También jueces locales únicos: Claudia Alemán Castillo, de Waslala; Martha Lidia Ordóñez Vargas, de San Isidro; Deyanira Mejía Meza, de Esquipulas y Douglas López, de Muy Muy.
En Nueva Segovia: Nancy Rossman, jueza de violencia en Ocotal, Nadieska Padilla, jueza local penal; jueza Jezabel Guardián y la jueza Verónica Fiallos y a su hijo Jean Carlos Fiallos que era su propio secretario.
En Jinotega: Darío Medrano, juez de San Rafael del Norte, Gustavo Canales, juez de la Concordia.
En Managua, Abelardo Alvir Ramos, juez de Distrito Penal de Audiencia de Managua; Egberto Ramos, juez de Distrito de Familia de Managua.
Directores de oficina: a la directora de la Defensoría Pública, Clarisa Ibarra; a la directora de la Dirac, María Amanda Castellón Tiffer; al líder sindical Carlos Tinoco López, el director de Seguridad del poder judicial, Enrique Lagos Soto; secretario general administrativo, Pablo Core; director de Relaciones Públicas, Edgard Solórzano; directora de Inspectoría Judicial, Esperanza Fonseca; Marlin Jarquín, directora general de Registro y Control de Abogados y Notarios; Ángela Rosa Acevedo, secretaria técnica de Género; director de redes, Juan Carlos Zeas; director nacional de registros públicos, Eduardo Ortega; director de Informática, Martín García; directora del Registro de Managua, Clara Cruz Castillo.
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