Los diputados ante la Asamblea Nacional aprobaron en segunda legislatura las reformas a los artículos 97 y 165 de la Constitución Política de Nicaragua relacionados a la subordinación de la Policía Nacional al dictador Daniel Ortega y el traspaso del control de los Registros Públicos a la Procuraduría General de la República.
Las reformas constitucionales fueron aprobadas por votación unánime de 91 diputados este martes, 16 de enero, en la primera sesión del año.
El artículo 97 ya reformado establece que: «la Policía Nacional es un cuerpo armado, subordinado al Presidente de la República (…) La Policía Nacional depende de la autoridad ejercida por el Presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo y en estricto apego a la Constitución Política a la que guardará respeto y obediencia (…)», lo que elimina la poca independencia que la institución tenía.
La reforma constitucional fue presentada por 75 diputados sandinistas y aprobada por el Plenario, en primera legislatura, en julio de 2023. La modificación a la Carta Magna fue propuesta al mismo tiempo de la reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional que establece cárcel para los oficiales que deseen salirse de las filas de la institución.
Ambas reformas a la Policía fueron catalogadas por expertos como la «institucionalización del Estado policial«. Así lo manifestó Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), quien declaró que la Policía quedó subordinada de manera directa a la figura de la presidencia y se deja a un lado a la ciudadanía nicaragüense.
Reforma para confiscar de forma expedita
A su vez, la Asamblea Nacional, controlada por el régimen, dejó establecido hoy el traspaso de los Registros Públicos a la Procuraduría General de la República.
La maniobra se hizo, en primera legislatura, en octubre de 2023 con la derogación del numeral 4 del artículo 165 que establecía que el Consejo de Administración de Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia era el encargado de supervisar el funcionamiento de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, así como el de las oficinas de servicios comunes.
Los registros públicos quedaron bajo el control de la Procuraduría General, que se hizo de todas las facultades que eran propias del poder judicial sobre el mismo.
Con esto, Daniel Ortega podrá confiscar sin pedírselo al poder judicial, denunció, en ese entonces, el dirigente opositor Juan Sebastián Chamorro.
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