Ahora que la dictadura de Daniel Ortega le quitó el control de los registros públicos al poder judicial, y se lo trasladó a la Procuraduría General de la República (PGR), Ortega podrá confiscar sin necesidad de solicitarlo a los jueces, denunció el excarcelado político Juan Sebastián Chamorro.
La situación «solo se puede definir como una barbaridad jurídica», dijo Chamorro, agregando que eso «cambia las reglas del juego de la tenencia de la propiedad en Nicaragua» y es un «pésimo mensaje a los inversionistas».
En un video divulgado en redes sociales, Chamorro argumentó que Ortega le quitó los registros públicos al poder judicial, que debería ser tercero independiente en las disputas entre nicaragüenses o entre nicaragüenses y el Estado, y ahora pasan a manos de un interesado como es la PGR, que es el abogado del Estado. La PGR, es decir, Ortega, ya «no tendrá necesidad de pedirle nada al poder judicial», se quejó Chamorro.
Además, con eso el dictador le quita una fuente de recursos al poder judicial.
Dictadura le quita los registros públicos al poder judicial y los pone bajo control de la PGR
Ya no le convenía a Ortega
A la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no le convenía más que los registros públicos se mantuvieran bajo el control del poder judicial y no del ejecutivo, porque en los mismos se maneja información sensible, como la de las propiedades confiscadas a los opositores y de actos de corrupción cometidas por la dictadura misma y sus adeptos, explicaron tres juristas consultados por Nicaragua Investiga.
Mediante una reforma al artículo 165 de la Constitución Política, que establece las atribuciones del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), este martes 31 de octubre la dictadura utilizó a los diputados de la Asamblea Nacional para arrebatarle el control de los registros públicos al poder judicial y se lo entregó a la Procuraduría General de la República (PGR), la entidad que funciona como abogada del Estado y por tanto está bajó las órdenes directas de Ortega.
«Estamos en una situación de que hay una dictadura versus el Estado de Derecho y, para ellos, controlar los registros es incrementar las bases de datos para hacer de todo. Además, es una fuente de ingresos para la corrupción, porque los registros públicos no estarían sujetos a rendiciones de cuenta, porque pasan a subordinación jerárquica total», dijo el experto en derechos humanos, Uriel Pineda.
Un jurista, que pidió anonimato, explicó que se debe recordar que se han producido una gran cantidad de confiscaciones de propiedades a los opositores.
«Esas propiedades supuestamente, entre comillas, han pasado a manos del Estado de Nicaragua, pero no sabemos a quiénes el Estado de Nicaragua se las está adjudicando a títulos personales», indicó el letrado, quien agregó que el mayor tráfico de propiedades se ha producido precisamente a través de la PGR.
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Averiguar a fondo sobre las propiedades
Un abogado constitucionalista, que también pidió el anonimato, afirmó que, además de que la movida le quita poder a la CSJ, también le servirá a Ortega para averiguar a fondo sobre las transferencias de propiedades a familiares y testaferros de magistrados judiciales y también sobre quiénes componen las sociedades anónimas, entre otras cosas.
Registros ya no son públicos
Aunque los registros de propiedades se siguen calificando como «públicos», el primero de los juristas aseveró que ya no lo son, porque desde hace varios años la dictadura eliminó el principio de publicidad de los mismos, es decir, ya no se puede indagar en un registro sobre una propiedad si no es el dueño o alguien vinculado a la misma.
«Antes se podía solicitar si un bien estaba prendado o gravado, de quién era, si le pertenecía al vendedor. Se podía ver en línea en las computadoras del registro, para visualizar los tomos y los folios. Pero, después del 2018, cambiaron y en 2020 el principio de publicidad fue aniquilado, si no se es dueño de la propiedad, o no vinculado, no se puede acceder a la información aunque sea del padre de la persona que solicita la información», expuso el jurista.
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