El opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro confirmará su participación el 30 de septiembre en una audiencia del subcomité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. El encuentro se centrará en la situación política de Nicaragua y en el avance del proyecto de ley S.5369, que busca ampliar las sanciones contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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La iniciativa, presentada el 7 de agosto de 2026 por el senador republicano Ted Cruz (Texas) y respaldada por el demócrata Tim Kaine (Virginia), se denomina Restoring Electoral Fairness and Opposition Rights through Mandates for Accountability Act of 2026. Su objetivo principal es extender hasta el 31 de diciembre de 2035 las facultades de la Nicaragua Investment Conditionality Act (NICA Act) de 2018. El texto aún debe superar el trámite en el Comité de Relaciones Exteriores, obtener la aprobación de ambas cámaras del Congreso y la firma presidencial.
Entre las novedades más relevantes, el proyecto incluye de manera explícita al sector aurífero nicaragüense como actividad sujeta a posibles sanciones. También autoriza al secretario de Estado, en consulta con el de Tesoro, a identificar otros sectores económicos que podrían quedar bajo medidas restrictivas. Además, amplía el alcance a funcionarios del Instituto de Previsión Social Militar, vinculado al Ejército, y contempla causales relacionadas con persecución religiosa, procesos judiciales contra dirigentes políticos o miembros de la sociedad civil por motivos considerados políticos, así como operaciones que beneficien a los gobiernos de Rusia o Irán.
Chamorro, quien ya anunció su comparecencia, ha señalado que expondrá el estado actual de la represión y sus posibles implicaciones para la seguridad de Estados Unidos y de la región. En declaraciones previas, sostuvo que el gobierno nicaragüense “no responde a señalamientos ni acusaciones ni a demandas ni a resoluciones, sino a acciones concretas”, y que estas deben apuntar a limitar la capacidad de recaudar recursos para mantener el control político.
En la misma sesión intervendrán Eddy Acevedo, vicepresidente de la National Endowment for Democracy, y Deborah Ullmer, directora regional de programas para América Latina y el Caribe del National Democratic Institute.
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La propuesta contempla que el marco sancionatorio pueda terminar antes de 2035 si el presidente de Estados Unidos certifica que Nicaragua cumple condiciones básicas: celebración de elecciones competitivas, libres y justas con observación internacional creíble; cese de la violencia contra civiles atribuida a la Policía Nacional y a grupos armados progobierno; e investigaciones independientes sobre las muertes de manifestantes. Asimismo, obliga al Departamento de Estado, en coordinación con el de Tesoro, a informar periódicamente al Congreso sobre la aplicación de las medidas y a evaluar las condiciones para una eventual transición democrática.
La audiencia se produce en un momento en que la presión internacional sobre Managua se mantiene, aunque los opositores argumentan que solo las acciones concretas sobre las fuentes de financiamiento del gobierno generan resultados visibles.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
Periodista Nicaragua Investiga
