Más de una veintena de funcionarios han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Comisionados de la policía, ministros y presidentes de instancias públicas son parte del lista. Sin embargo hay otros rostros que son fieles al gobierno de Daniel Ortega que estarían en riesgo de ser sancionados por el rol que juegan en el poder.
Los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han sido los rostros que no figuran en la lista, aunque este poder del Estado tiene un papel importante en cuanto al Ejecutivo. Alba Luz Ramos, presidenta de la CSJ, ha sido una funcionaria leal al gobierno sandinista y de Ortega desde hace muchos años, por lo que expertos valoran que podría ser sancionada al igual que otros presidentes de instituciones públicas.
Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial, señaló ante Nicaragua Investiga que es muy difícil valorar la sanción de un juez o magistrado por juicios políticos por su «autonomía» o «independencia». Pero deja claro que la presidenta de la CSJ puede ser sancionada por «corrupción administrativa».
Yader Morazán fue funcionario del Poder Judicial de Nicaragua. Hoy se encuentra en el exilio por amenazas en su contra.
Magistrado de la CSJ muestra preocupación por sanciones de Estados Unidos
Alba Luz Ramos podrían ser sancionada por tráfico de influencia
“La naturaleza de la actividad judicial es distinta a la de otros poderes, lo jueces son autónomos e independientes y son responsables de sus actuaciones. Cuando hablamos del Poder Ejecutivo hay una jerarquía más vertical y todo obedece a la decisión de un supremo”, compara Morazán.
“Es más probable que sancionen a Alba Luz Ramos por tráfico de influencia, por malversación de fondos, lavado de dinero y actividades que pertenecen más a actuaciones que sean personales”, afirma Morazán.
El analista político Bosco Matamoros comparte la opinión de Morazán alegando que el foco podría ser puesto en la CSJ por aplicar leyes que violan la libertad de expresión y los derechos constitucionales.
«Hay ciertos poderes del Estados y entidades que están en el radar (…) se está señalando que pueden afectar al Poder Judicial«, manifiesta Matamoros, y agrega que esta entidad pública a pesar de su grado de independencia no ha actuado de esta forma.
«Ocurre que el Poder Judicial se está abriendo cada vez más como parte de lo esencial de las políticas de represión, más que garantizar los derechos de los nicaragüenses. Sirve como el órgano que justifica las medidas arbitrarias y autoritarias que toma el gobierno», señala Matamoros como uno de los motivos por el cual podría ser sancionada la CSJ o sus funcionarios.
Pero el exprocurador Alberto Novoa manifiesta que si el gobierno estadunidense sanciona al Poder Judicial, tendría que sancionar a todos los miembros de este institución. «Hasta ahora no se ha visto en América Latina que sancionen al Poder Judicial como Poder Judicial», dice.
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Enfatiza que se sancionan a los miembros del Poder Judicial y que podría ser los principales perjudicados en cuanto a las medidas coercitivas porque «han seguido un comportamiento obediente a la decisiones del Ejecutivo».
«El Poder Judicial ha perdido su independencia, su autonomía y funcionalidad como Poder del Estado. Al perder independencia y autonomía, pierde la imparcialidad», subraya Novoa.
La magistrada Alba Luz Ramos en el proceso de autoconsulta de la Ley de Ciberdelitos.
Estados Unidos advirtió incrementar sanciones contra Ortega
El gobierno de los Estados Unidos advirtió incrementar sanciones contra Ortega sino garantiza elecciones libres en 2021, por lo que podrían verse perjudicados funcionarios públicos ante las medidas coercitivas. Donald Trump también remarcó que como parte de su campaña electoral prometía más sanciones para Nicaragua.
«Las prioridades lo definen los funcionarios de los Estados Unidos y no lo comparten con nadie, no hacen anuncio de quienes están en perspectiva, se conoce hasta que se hace público», dice el jurista José Pallais en cuanto a una sanción que pueda surgir sorpresivamente ante un funcionario de la CSJ.
Según el discurso oficial impulsado por Daniel Ortega, las sanciones de EEUU solamente «afectan al pueblo nicaragüense», sin embargo diversos analistas, como el excanciller Francisco Aguirre Sacasa y el exprocurador Alberto Novoa, desmiente esta afirmación y alega que los sancionados son individuales.
¿Qué les prohíbe la Ley del Poder Judicial a magistrados y jueces?
Tanto juristas como analistas políticos han señalado que la CSJ es un Poder del Estado muy independiente y no debe mostrar colores políticos de ninguna forma. Sin embargo, fuentes internas han revelado que dentro de la institución se perdió la calidad de independencia y se han colocado banderas sandinistas, lo cual está prohibido por la Ley que rige el Poder Judicial.
La Ley 260 (Ley Orgánica del Poder Judicial) prohíbe en su artículo 144 que todos los magistrados y jueces no pueden participar en procesos políticos electorales, salvo el ejercicio en su voto en elecciones generales.
«Tomar parte activa en reuniones, manifestaciones y otros actos de carácter político electoral o partidista, aunque sean permitidos a los demás ciudadanos», es otra de las prohibiciones que regula dicha Ley.
Para Morazán esto se rompió cuando se ha convertido a la institución en decoraciones con banderas partidarias y murales que llevan frases con los colores del partido sandinista. Ejemplifica que cuando era funcionario del Poder Judicial la institución pública no podía darse colores políticos. «Ahora hacen murales en los pasillos, los han radicalizado y lo están exponiendo coloreando para ganar la fidelidad», señaló Morazán.
Nicaragua Investiga
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