Con la inclusión del presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez a la lista de personas que han sido sancionadas por Estados Unidos, todas sus cuentas bancarias deberán ser cerradas o eliminadas del sistema financiero nacional, al igual que al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Marvin Ramiro Aguilar García.
Las sanciones establecen que los implicados, están bloqueados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), un organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
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Según el Tesoro de Estados Unidos, todos los bienes e intereses en los bienes de estas personas que estén en los Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas de EE.UU. quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC.
Además establece que toda entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, al 50 por ciento o más de tales personas también queda bloqueada.
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El diputado Wálmaro Gutiérrez intentó minimizar el poder de la sanción en su contra al ser consultado por periodistas independientes este lunes, sin embargo las regulaciones de la OFAC tienen tanto poder que incluso prohíbe todos los tratos por parte de personas de los Estados Unidos o dentro de (o en tránsito por) los Estados Unidos que involucren bienes o interés en los bienes de personas bloqueadas o designadas.
En el caso del sistema financiero nacional se encuentra conectado a la OFAC por tanto deben suspender a la brevedad posible las cuentas bancarias a los implicados en las sanciones.
El jurista nicaragüense y opositor José Pallais señala que quien entra a «esta lista negra» no solo se gana «un deshonor», sino que también pasa a ocupar un lugar en listado que se mantiene actualizado en todos los países del mundo y todos los bancos y financieras que tienen relación con el sistema financiero de los Estados Unidos, cuidan y revisan esas listas.
«Ni pueden ser socio de ningún ciudadano de Estados Unidos ni realizar transacción comercial de los Estados Unidos. No hay que minimizar las sanciones», señala Pallais.
Con los tres funcionarios de Ortega, sancionados este lunes, la lista alcanza los 27. Además incluye nueve instituciones entre públicas y privadas, entre ellas la Policía Nacional.
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