Gobierno sandinista prepara reformas electorales con oposición dividida

Para mayo está previsto que el Gobierno de Nicaragua emprenda reformas electorales a fin de que se celebren a inicios de noviembre “unas elecciones presidenciales libres y transparentes”, como solicitó la Organización de los Estados Americanos (OEA) en una resolución aprobada en 2020.

La Secretaría General de la OEA apoyaría “negociaciones incluyentes y oportunas entre el Gobierno de Nicaragua y los actores nacionales que representan a la oposición en torno a medidas de reforma electorales significativas y coherentes, con las normas internacionales aplicables, y que preste asistencia técnica para su implementación a fin de promover elecciones libres y justas”.

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Sin embargo, el diputado oficialista Wilfredo Navarro, miembro de la junta directiva de la Asamblea Nacional y quien afirmó que trabaja en las reformas que se negociarían con los opositores, señala que solamente se cumplirán con cambios a los que el Gobierno del presidente Daniel Ortega se comprometió con la OEA en 2017, a través de un documento llamado: Memorándum de Entendimiento.

En ese documento el Gobierno se comprometió con la OEA a impulsar y acompañar los esfuerzos dirigidos al fortalecimiento institucional político-electoral de la República de Nicaragua.

Varios puntos de dicho Memorándum no se materializaron, como la depuración del padrón electoral, así como reformas a la Ley Electoral, algo que podría darse, según Navarro.

“El Gobierno tiene lista sus propuestas de cambios y ajustes que están dentro del marco contenido en el Memorándum de Entendimiento con la OEA, y que están referidas a temas eminentemente técnicos y de procedimientos y de perfeccionamientos del proceso”, dijo.

“No es que vas a cambiar todo el proceso, sino que el proceso electoral es perfectible, puedes perfeccionarlo con algunas cosas”.

Navarro enfatizó que dichas reformas se discutirían únicamente con los partidos políticos actuales, pese a que algunos de ellos no tienen presencia parlamentaria y rechazó que se consultarían a organizaciones de la sociedad civil, opositores, empresarios u organizaciones no gubernamentales.

“Aquí los sujetos del quehacer electoral son los partidos políticos, no son las oenegés. No tienen ningún quehacer. Ellos pueden participar a través de un partido, votando o dando opiniones, pero el que va a venir a decir qué es lo que se va a negociar en materia electoral son los partidos políticos y eso se va a hacer aquí en la Asamblea Nacional”, subrayó.

Se ha señalado que el Poder Electoral de Nicaragua está controlado por el oficialismo. Foto Houston Castillo, VOA/NI

Los señalamientos de Navarro son criticados por organizaciones de la sociedad civil y profesionales como el llamado “Grupo Promotor de las Reformas Electorales”, GPRE, integrado por juristas y expertos que analizaron por varios meses los puntos necesarios para que haya cambios profundos que garanticen un proceso electoral creíble.

Los expertos señalan que la exclusión que Navarro menciona viola la misma Constitución Política de Nicaragua, que establece la participación de la ciudadanía, sobre todo en asuntos trascendentales, a través de consultas.

“Es razonable suponer que en la Asamblea se invitarán a partidos para que opinen, pero también la sociedad civil nicaragüense y todos los actores deben ser consultados”, respondió el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez, vocero del Grupo Promotor de Reformas Electorales.

Agregó que “es una manipulación burda del diputado Navarro el querer excluir a organizaciones que no son partidarias de la discusión de un tema de la mayor importancia e impacto en todo el país”.

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Navarro también cuestionó la división de los grupos opositores en Nicaragua y adujo que era un impedimento para que supuestamente no avancen las reformas solicitadas por la comunidad internacional.

“Mi pregunta es con quién voy a hablar o negociar sobre reformas electorales, si mi contraparte que pudiera ser la oposición no tiene cara ni rostro. Hay un montón de grupos que se están matando entre ellos. Se agreden, se denigran. Entonces ¿con quién vas a conversar?”, justificó Navarro.

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De hecho, un amplio documento elaborado por el Grupo Promotor de Reformas Electorales para exigir un proceso creíble ante la Asamblea Nacional, fue firmado únicamente por los partidos que se encontraban en la llamada Coalición Nacional, uno de los bloques opositores más importantes del país, mientras que la “Alianza Ciudadana”, que aglutina a otros opositores y partidos importantes, prefirió mantenerse al margen.

“El Partido Ciudadanos por la Libertad -que se encuentra en otro bloque opositor llamado Alianza Ciudadana-, no suscribió el documento, a pesar de que se trabajó en un bloque ampliado, pero bueno, por las razones que expusieron en ese momento no lo suscribieron. Es el consenso más amplio de manera formal”, lamentó Álvarez.

Plenario de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Archivo/NI

Hasta la fecha, Álvarez menciona que la Coalición Nacional ha expresado la voluntad de seguir trabajando en esa línea, en cambio la Alianza Cívica no, frenando así la posibilidad de exigir en consenso las reformas.

“Estén o no listos nosotros vamos de viaje. Una vez que las anunciemos, se van a discutir y luego aprobar”, opina Navarro.

Las reformas necesarias

De acuerdo con los expertos, de entrada, el Gobierno de Ortega ha demostrado su falta de voluntad política para emprender cambios sustanciales.

Bonifacio Miranda, máster en Derecho Constitucional, considera que se perdió la posibilidad de hacer reformas constitucionales profundas, debido a que se requerirían dos legislaturas para esto, es decir dos períodos legislativos establecidos en un año cada uno.

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“Lo ideal hubiese sido una reforma constitucional profunda, aunque hubiera rediseñado el sistema. Obviamente la dictadura, a como es su estilo, trata de avasallar y llevar a la oposición de arrastrada con el tiempo”.

Dentro de las reformas a la Ley Electoral, Miranda menciona la necesidad de cambiar a los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, señalados de estar parcializados hacia el oficialismo, y por lo cual el Gobierno de Estados Unidos sancionó a su presidente Lumberto Campbell, en 2019.

“Lo fundamental ya en el tema de la reforma electoral es la reestructuración del CSE. El Consejo Electoral desde 1995 concentró demasiados poderes, uno por ejemplo es que no hay recurso alguno contra las resoluciones que emitan en materia electoral, entonces si hay impugnaciones sobre fraude electoral, lo que diga el CSE es y se acabó”, señala Miranda.

“Sin embargo eso está en la Constitución y no se puede modificar, entonces lo que se debe hacer es elegir magistrados imparciales, independientes y que cumplan con la ley”, sugirió.

Por otro lado, el jurista Gabriel Álvarez señala que la necesidad de “un cambio de árbitro”, es decir, de magistrados electorales.

“Siento, es que casi unánime, el clamor nacional que el Poder Electoral se reestructure de conformidad con los principios de independencia e imparcialidad e idoneidad. También que se depure el padrón electoral y que se permita la observación nacional e internacional”, opina Álvarez.

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Añadió que “también urge actualizar, depurar y realizar auditorías al padrón electoral y crear campañas de verificación ciudadana”.

Con respecto al tema de la observación electoral, el oficialismo asegura que “eso se discutirá en su momento” con los opositores.

“Eso es una cosa que tiene que verse en las reformas. Ya hubo observación internacional en elecciones pasadas, todo es reactivar eso, en su momento, hasta que haya una relación clara de con quién dialogar”, enfatizó el oficialista Wilfredo Navarro.