Daniel Ortega y Rosario Murillo han terminado por absorber por completo el reparto El Carmen, en Bolonia, Managua.

Bajo una estrategia basada en el temor, las amenazas y la fuerza estatal, el régimen sandinista ejecutó la fase final de un masivo proceso de desalojo forzoso contra los pobladores que habitaban en el perímetro de su búnker familiar, con el único objetivo de blindar su residencia y garantizar una zona de exclusión e hipervigilancia absoluta.

De acuerdo con denuncias públicas e información revelada por el periodista nicaragüense Miguel Mendoza, el proceso de vaciado vecinal llegó a su fin este fin de semana.

La operación de limpieza demográfica e inmobiliaria se venía arrastrando desde febrero de 2025, cuando un primer bloque de aproximadamente 30 familias fue obligado a abandonar sus hogares. Recientemente, las últimas familias que resistían en la zona fueron expulsadas de manera definitiva.

Sin derecho a indemnización ni reclamos

La consumación de este despojo masivo se ha caracterizado por la total indefensión jurídica de los afectados. Según el reporte de Mendoza, las familias desalojadas fueron retiradas sin derecho a ningún tipo de indemnización económica, promesas de reubicación o espacio legal para protestar.

Fuentes cercanas a la zona confirmaron que varias personas que intentaron oponerse a abandonar el patrimonio de toda su vida en febrero de 2025 fueron arrestadas por la Policía Nacional, sufriendo periodos de detención arbitraria que en algunos casos se extendieron hasta por un año. Ante el temor de correr la misma suerte o sufrir represalias peores, el resto de los vecinos se vio obligado a empacar y salir en silencio.

El atropello adquiere un matiz más severo al constatar el arraigo de los afectados: la mayoría de estas familias poblaron y construyeron sus patrimonios en el sector de Bolonia mucho antes de julio de 1979, fecha en la que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tomó el poder por las armas y la dirigencia comenzó a apropiarse de la zona.

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Del robo de 1979 al aislamiento total de 2026

La conversión del Residencial El Carmen en una fortaleza militarizada e inaccesible no es nueva, sino la culminación de un proceso de expropiación que inició hace 47 años. En 1979, Daniel Ortega y Rosario Murillo se adueñaron ilegalmente de la residencia principal del sector, la cual pertenecía al banquero y político Jaime Morales Carazo (quien irónicamente décadas más tarde terminaría siendo vicepresidente de Ortega entre 2007 y 2012).

Junto a la propiedad de Morales Carazo, los Ortega-Murillo confiscaron en aquel primer proceso masivo otras seis viviendas colindantes para edificar lo que hoy se conoce como el «búnker del Carmen», un complejo que funciona simultáneamente como vivienda familiar, Secretaría del FSLN y despacho presidencial de facto.

Con los desalojos culminados este año, el régimen no solo despoja del derecho a la propiedad privada a decenas de ciudadanos, sino que extingue por completo la vida comunitaria y comercial que alguna vez caracterizó a esa zona de la capital. A partir de ahora, El Carmen queda configurado como el perímetro más blindado, aislado y vigilado del territorio nicaragüense, una fortaleza donde el control absoluto de los accesos pretende mitigar la profunda paranoia de la familia gobernante.