Urnas abiertas: van 721 hechos de violencia política desde octubre 2020

El informe retrata las capturas de los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro

Entre el mes de octubre de 2020 y mayo de 2021 han ocurrido al menos 721 hechos de violencia política según el informe «una radiografía de la persecución judicial contra la oposición de Nicaragua» realizado por el observatorio ciudadano Urnas Abiertas.

De acuerdo al registro, publicado este miércoles, «entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de mayo de 2021 se han cometido 721 hechos de violencia política en el contexto electoral» en el país.

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Según el observatorio, especializado en temas electorales, «la persecución judicial emprendida por el Gobierno posee cuatro características principales: Desvío de poder de la función judicial; Colusión entre el Sistema de justicia penal y el Poder Ejecutivo; Persecución de magnitud relevante y Fines extrajudiciales».

El documento, compuesto por tres capítulos,  recoge los patrones sistemáticos de judicialización de la política por el Estado de Nicaragua contra voces disidentes en el contexto electoral.

Por otro lado describe el desarrollo del proceso de establecimiento de los Consejos Electorales Departamentales y Regionales, y también analiza los patrones de violencia política observados en la última quincena y sus variaciones respecto a los ocho meses anteriores reportados por el observatorio.

De acuerdo a Urnas Abiertas, después del 20 de mayo el Estado de Nicaragua inició el proceso de judicialización contra activistas, líderes y precandidatos opositores.

«El 20 de mayo, después de las cancelaciones arbitrarias e ilegales a los partidos políticos Partido Restauración Democrática (PRD) y Partido Conservador (PC), se dio inicio a una nueva modalidad de represión contra la oposición electoral. Se trata de la persecución judicial contra la oposición» retrata el informe.

Agentes antidisturbios reprimen a periodistas que dan cobertura al allanamiento en casa de Cristiana Chamorro el pasado 2 de junio. Archivo/NI

La judicialización de la política, instrumentalización de la justicia o persecución judicial se refiere al uso abusivo del sistema de justicia «con fines partidarios para inhabilitar o debilitar a oponentes políticos mientras se da una apariencia de legalidad a través del cumplimiento de leyes irregulares» según explican desde Urnas Abiertas.

El informe retrata las capturas de los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro que ocurrieron en al menos una semana.

«En un marco temporal de tan solo una semana (entre el 2 y el 8 de junio) cuatro personas precandidatas presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro han sido detenidas arbitrariamente, junto con otras personas de su entorno laboral y/o político» dice el observatorio.

Gobierno debe garantizar condiciones para elecciones

Según Urnas Abiertas, unas elecciones generales en este contexto llevarían a un gobierno carente de legitimidad y pide al gobierno sandinista que garantice elecciones con «amplia participación» tanto para los votantes como para los partidos políticos.

«Las condiciones actuales respecto a normativa electoral y Derechos Humanos no cumplen con los estándares internacionales, por lo que, desarrollar un proceso electoral bajo estas condiciones, desembocaría en un gobierno sin legitimidad de origen, nuevamente» dice el informe.

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«En este sentido, es necesario que el Gobierno de Nicaragua garantice las condiciones para una amplia participación, tanto para las personas votantes como para las organizaciones y partidos parte de la contienda electoral para el desarrollo de un proceso electoral libre, justo, creíble, legítimo, transparente y observado» concluye.

Actualmente Nicaragua vive un período complejo, uno de los peores de la historia reciente de acuerdo a analistas políticos.

Hasta el pasado 13 de junio, 9 líderes opositores habían sufrido detención arbitraria en contextos de secuestro o desaparición forzada por parte de la policía nacional: José Adán Aguerri, Violeta Granera Padilla, José Pallais Arana, Tamara Dávila Rivas, Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Suyen Barahona, Hugo Torres Jiménez y Victor Hugo Tinoco.

La comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea, sigue presionando al gobierno sandinista que encabezan Ortega y Murillo para que cumpla con sus compromisos y permita «elecciones libres, justas y transparentes».

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