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Congresista de EE.UU. pide a Canadá y UE que sancionen a Camila Ortega

La congresista María Elvira Salazar ha sido una de las voces que más ha insistido en la aplicación de la «Ley Renacer» para imponer sanciones al gobierno sandinista

La congresista norteamericana, María Elvira Salazar, denunció este martes al «régimen de Daniel Ortega» a quien calificó de «corrupto» ante el pleno del Congreso y solicitó al Gobierno de Canadá y a la Unión Europea que ejerzan mayor presión a través de sanciones hacia Camila Ortega, hija de la pareja presidencial.

«Hace 10 días el Gobierno de Estados Unidos puso a Camila en la lista negra por corrupción y está oficialmente sancionada, sus cuentas bancarias están congeladas, nadie puede hacer negocios con ella y ya no gastará generosamente el dinero de la gente en las calles de Miami» dijo Salazar y agregó «pedimos a la Unión Europea y Canadá que se unan a Estados Unidos» para seguir sancionando a Camila Ortega.

La solicitud se da luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) sesionara por la «grave crisis» de Nicaragua y aprobara una resolución que exige libertad de los presos políticos y reformas electorales que cumplan con el tratado internacional para construir un Estado Democrático.

La congresista ha sido una de las voces que más ha insistido en la aplicación de la «Ley Renacer» para imponer sanciones al gobierno sandinista como presión por la escalada represiva contra opositores y la falta de independencia en los poderes del Estado nicaragüense. «No se equivoquen, Ortega y su familia pagarán por estas atrocidades» sentenció.

«El mejor ejemplo es la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, es un corrupto junto a su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo, su hija Camila Ortega ha dilapidado millones y millones de dólares del pueblo nicaragüense» argumentó la congresista al hablar sobre el escenario en la región.

OEA presiona a Nicaragua para que impulse reforma electoral y libere a «presos políticos»

Luego de los últimos encarcelamientos contra líderes opositores a Ortega, la congresista ha denunciado constantemente las «arbitrariedades de Ortega», incluso prometió que se encargará de seguir exigiendo más sanciones de parte de la administración Biden y de esta manera presionar al Gobierno de Nicaragua.

Recientemente la congresista estadounidense defendió al precandidato presidencial Arturo Cruz, quien fue encarcelado por las autoridades nicaragüenses a inicios de junio.

«Yo tengo la posibilidad de gritar alto y fuerte por los nicaragüenses en el gobierno norteamericano, y recordarle a la administración de Joe Biden que no nos podemos olvidar de Nicaragua, que este es el momento de estar con los nicaragüenses que quieren libertad, democracia y elecciones libre» dijo Salazar en un video publicado el pasado 7 de junio tras el arresto del precandidato Arturo Cruz.

Camila Ortega es sancionado por EE.UU

El pasado 10 de junio la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro personas cercanas al gobierno de Daniel Ortega, entre ellas su hija, Camila Ortega.

Ministerio Público, un «anzuelo» para capturar opositores a Ortega

La hija de la pareja presidencial, fue sancionada por ser una asesora clave del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, además de coordinar la Comisión Nacional de Economía Creativa. Desde 2011, Camila Ortega ha gestionado el Canal 13 de televisión, el cual EE.UU. reconoce como un medio de gestión familiar que difunde propaganda oficial «mientras el presidente Ortega utiliza el gasto público y las leyes impositivas para promover canales manejados por la familia y asfixiar a medios rivales independientes».

Canadá exige cumplimiento al Derecho Internacional

El pasado 11 de junio, a través de un comunicado, el Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canadá, Marc Garneau, exigió a Daniel Ortega que cumpla con «el derecho internacional y su propia constitución» e imponga un Estado democrático que permita «elecciones libres, justas y transparentes«.

Marc también solicitó el ingreso «inmediato» de organismos internacionales de derechos humanos «para monitorear la situación y garantizar que el gobierno esté cumpliendo con estas responsabilidades cruciales».

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