El Ministerio Público (MP) pretende demostrar la culpabilidad de la defensora de derechos humanos y abogada, María del Socorro Oviedo Delgado, de 38 años, a través de una entrevista que concedió a un medio de comunicación local, mensajes que publicó en sus redes sociales y para ello hará uso de dos testigos policías, según detalles de la acusación en poder de NICARAGUA INVESTIGA.
El pasado 22 de septiembre el Ministerio Público (MP), a través de los ya acostumbrados comunicados, informó que la defensora de derechos humanos, María Oviedo, ha sido remitida a juicio acusada «de propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación», en perjuicio de la sociedad nicaragüense y del Estado de Nicaragua. La Fiscalía dice que acusa a Oviedo «de conformidad con el artículo 30 de la cuestionada Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos».
La abogada también fue acusada de cometer actos de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional».
El MP señala que el pasado 22 de junio la ahora presa política dio declaraciones al programa televisivo «Esta Noche», conducido por Cindy Regidor, relacionadas a las reformas al Código Procesal Penal. La opinión de la abogada Oviedo fueron considerada como «mentiras» e «incitaciones al odio» por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«Las reformas al Código Procesal Penal que dan ampliación de los plazos judiciales, las hizo el régimen para perseguir al sector de oposición», dijo Oviedo en dicho programa. No obstante, el gobierno ha aplicado dicha reforma a los últimos 37 presos políticos capturados, quienes han enfrentado procesos judiciales irregulares, 90 días de detención judicial y solo han podido ver a sus abogados y familiares en una ocasión. Ahora la mayoría está a la espera del juicio.
Oviedo cuestionó la Ley Especial del Ciberdelito
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La Fiscalía recuerda que Oviedo se refirió a la Ley Especial de Ciberdelito y cuestionó: «En un contexto de represión, de violación al derecho humano, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la libertad de asociación. Esta ley al nacer dentro de este contexto es una clara señal de que lo que se pretende es instrumentalizar el marco legal y el derecho penal para erradicar la disidencia».
La acusada manifestó que: «Nicaragua vive una dictadura, donde es evidente el irrespeto al Estado de derecho y la violación sistemática de los derechos humanos de los ciudadanos; no se puede descartar una persecución contra los periodistas. Hay una arremetida, una intimidación para los medios de comunicación y de que vaya a haber un encarcelamiento a cualquiera de un medio de comunicación, eso no podría descartarse».
Lo anticipado por la abogada Oviedo se cumplió. El gobierno ordenó la captura y procesamiento judicial de los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza, ambos críticos de las políticas gubernamentales y abusos de los funcionarios públicos. El primero cumple 110 días de cárcel y el segundo 109 este viernes 8 de octubre.
El MP indica que estas declaraciones la acusada las dio valiéndose de su cargo en la Comisión Permanente de Derechos Humanos y señaló que dicha organización recibe financiamiento de organismos internacionales que incitan a la injerencia extranjera en los asuntos internos del país.
La abogada María Oviedo cuestionó la Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada por el oficialismo en la Asamblea Nacional
Criminalizan la opinión ciudadana
Sin precisar el contenido y la cantidad de mensajes, la Fiscalía asegura que Oviedo «desde sus notas en redes sociales develan sus acciones de traición a la patria, hacen llamados a la intromisión de naciones extranjeras, en la promoción de leyes, que afectan los asuntos soberanos de los nicaragüenses, todo para someter a la sociedad nicaragüense y forzar al rompimiento del orden constitucional».
En su acusación la Fiscalía insiste en que las declaraciones públicas de la doctora Oviedo fueron dadas a un programa propiedad del periodista exiliado, Carlos Fernando Chamorro Barrios «ya acusado en otro asunto penal por estos mismos ilícitos, en una plataforma informática que sirve y funciona como una red con infraestructura tecnológica, creada como soporte técnico en los medios de comunicación escrita como La Prensa, otros radiales y televisivos, financiados por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, como organismos influyentes para multiplicar hechos falsos, mentir sistemáticamente a base de estrategias de repetición, en clara conspiración para cometer acciones delictivas que afecten al Estado, como parte de una estrategia desestabilizadora».
El gobierno mantiene bajo arresto domiciliar a la exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y aspirante a la candidatura presidencial, Cristiana Chamorro. Ella está a al espera de un juicio por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos y otros delitos que es considerado por sus familiares y abogado como político. También están siendo procesados judicialmente extrabajadores del organismo, mientras otros tienen orden de captura, por lo que decidieron exiliarse y no ser víctimas de la maquinaria judicial de Ortega y Murillo.
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