«No se mueve ninguna mosca en ninguna comunidad si no lo sabemos (…). Tenemos que mantenernos siempre alerta, esa organización va a permitir que cualquier intento golpista, para realizar cualquier actividad, lo neutralicemos y lo aniquilemos, porque aquí no pudieron ni podrán derrotar jamás a este gobierno». Estas fueron las palabras del alcalde y Secretario Político del FSLN en Jinotega, Leónidas Centeno, en septiembre del 2018 frente a un grupo de militantes de su partido.
La amenaza quedó plasmada en un video que se hizo viral en redes sociales y reproducida en los diferentes medios de comunicación, y a la postre contribuyó a ponerlo en el ojo de Estados Unidos que en noviembre del 2021 lo sumó a la lista de represores del régimen sandinista sancionados, acusándolo de ordenar ataques contra opositores, usando grupos paramilitares y personal de la alcaldía de Jinotega.
Las palabras del alcalde Centeno ponían en evidencia la magnitud del espionaje y control social que ejerce el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en cada rincón del país. Los nicaragüense sabían exactamente a quienes se refería Centeno: A los “Consejos del Poder Ciudadano (CPC)”.
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Los CPC son grupos paraestatales leales al FSLN presentes en cada barrio y comunidad de Nicaragua. Nacieron en el 2007 bajo las órdenes de Rosario Murillo. Fueron presentados como un paradigma de participación ciudadana efectiva y hasta fueron legalizados por Daniel Ortega mediante un decreto presidencial.
Dentro de Nicaragua los más jóvenes no sabían de qué se trataba, pero los mayores recordaron a los temibles Comités de Defensa Sandinista (CDS), que operaron como una pieza de vigilancia (y represión) al servicio de la dictadura militar que el FSLN instauró en los años ochenta.
Pero ni los CDS tuvieron marca de origen sandinista como tampoco los tienen los actuales CPC.
Los CDR de Fidel Castro
Su origen hay que buscarlo en el mar caribe, en la Cuba de Fidel Castro, donde hace más de 60 años el régimen comunista empezó a colocar ojos y orejas en cada calle, en cada centro de trabajo e incluso, en cada casa en busca de “contrarrevolucionarios” y “proyanquis”, palabras que también fueron implantadas en el imaginario sandinista.
Juventud Sandinista durante uno de sus ataques el 18 de abril de 2018 en Managua / NI
En Cuba las organizaciones homólogas de los CPC se llaman Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y se fundaron el 28 de septiembre de 1960. Su papel quedó claro desde el inicio y ha permanecido intacto: la vigilancia colectiva frente a las amenazas externas y cualquier acto que se considere atente con desestabilizar a la dictadura. Es decir, no se permiten disidencias de ningún tipo. “Dentro de la revolución todo, contra la revolución nada”, advirtió Fidel Castro en junio de 1961.
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En los primeros años de la revolución cubana, los CDR fueron denunciados como responsables de llevar a la cárcel a miles de disidentes, muchos de los cuales purgaron condenas de más de 20 años y en el peor de los casos fueron fusilados por Ernesto “Che” Guevara, un personaje idealizado por la propaganda de izquierda, pero responsable de brutales crímenes una vez que ascendió al poder junto a Fidel Castro.
Estas organizaciones lograron un control efectivo de la sociedad cubana durante décadas, hasta que el 11 de julio del 2021 estallaron históricas movilizaciones ciudadanas demandando democracia. Inmediatamente el aparato represor del régimen castrista se puso manos a la obra.
«Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles y vayan a los lugares donde vayan a ocurrir estas provocaciones (…). La orden de combate está dada: a la calle los revolucionarios», dijo Miguel Díaz-Canel, quien ejerce el cargo de presidente de la dictadura cubana.
Para el 15 de noviembre la disidencia cubana convocó a una nueva marcha, pero desde días antes Díaz-Canel advirtió que no lo permitirían. «Hay suficientes revolucionarios para enfrentar cualquier tipo de manifestación que pretenda destruir a la revolución”, advirtió. La marcha no se llevó a cabo.
Los nicaragüenses se vieron reflejados en los cubanos. Las mismas prácticas de control social y vigilancia y las mismas amenazas de las autoridades.
CIDH documentó que vigilan a opositores
Sin embargo, hay que aclarar que los CPC siempre han sido un reducido grupo de personas leales al partido, sin lograr articular masivamente a una sociedad que los ve con suspicacia, desprecio y, desde el 2018, con mucho temor.
El actuar de los CPC ha sido documentado por prestigiosos organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según esta organización, los CPC vigilan a ciudadanos nicaragüenses para que posteriormente la Policía ejecute las capturas.
La CIDH dijo en un informe de octubre de 2020 haber recibido denuncias del uso de los CPC “para mantener vigiladas a las personas consideradas como opositoras al gobierno y, en particular, la realización de allanamientos ilegales y detenciones que fueron realizadas a partir de listas levantadas con el trabajo de inteligencia de los mismos”.
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Esta labor la hacen en conjunto con otras estructuras partidarias como los Comité de Liderazgo Sandinista (CLS) que operan incluso, dentro de las instituciones del Estado para garantizar la lealtad de los empleados públicos y la Juventud Sandinista 19 de Julio (JS).
Falsos testigos
Los CPC han servido también como “testigos falsos” para encarcelar a opositores, ya que muchos se han presentado como “víctimas de la violencia golpista del 2018”, tal como el oficialismo llama a las protestas antigubernamentales de ese año.
Uno de los casos es el del opositor Domingo Lacayo, originario de Carazo. Este fue arrestado por policías el 26 de julio del 2018. Según denunciaron sus familiares, el 30 de julio de ese año, durante la primera audiencia un CPC del barrio lo acusó de amenazas con arma de fuego y otros delitos. Lacayo fue excarcelado el 20 de mayo del 2019.
Los CPC fueron parte también de las turbas que en noviembre del 2019 se tomaron la Catedral de Managua golpeando a sacerdotes y monjas.
Nicaragua Investiga
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