El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer esta semana el informe sobre los derechos humanos correspondiente al año 2021 sobre Nicaragua reflejando un severo retroceso en las prácticas esta materia, bajo la administración de Daniel Ortega.
En un resumen ejecutivo, Washington indicó que Nicaragua tiene un sistema político al que catalogó de “centralizado y autoritario” controlado por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Además expresa que Ortega ejerce un control total sobre todos los poderes del Estado, al punto de imponerse para un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de noviembre después de encarcelar “arbitrariamente” a casi 40 figuras de la oposición.
Estados Unidos asegura que los comicios de noviembre fueron “carentes de credibilidad” y “defectuoso” por los arrestos a los candidatos presidenciales, así como otras maniobras para perpetuarse en el poder.
Hombre asesinó a 4 miembros de una misma familia en Caribe Norte
En cuanto a los derechos humanos, el Departamento de Estado recalcó que se reportaron ejecuciones ilícitas, así como desapariciones forzadas; torturas y tratos crueles y degradantes por parte de guardias penitenciarios o parapoliciales.
“Los informes de asesinatos eran comunes en las regiones del centro-norte y la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN). Los grupos de derechos humanos dijeron que estos asesinatos ilustraban la continuación de una campaña de terror, perpetrada por grupos parapoliciales para acabar con la oposición política al partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)”, indica el texto.
Según Estados Unidos, en 2021, los informes de asesinatos eran comunes en las regiones del centro-norte y la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN).
En cuanto a la impunidad se recalca que el gobierno no tomó medidas para identificar, enjuiciar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluido los responsables de más de 300 asesinatos en abril de 2018 en Nicaragua.
En la sección de libertades civiles, Washington recalca que el gobierno de Ortega no respetó la libertad de prensa, así como la libertad de expresión.
“Si bien la ley establece que el derecho a la información no puede ser objeto de censura, el gobierno y los actores bajo su control tomaron represalias contra la prensa y las estaciones de radio y televisión bloqueando transmisiones, impidiendo la importación de tinta y papel y cometiendo actos de violencia contra periodistas”, señala Estados Unidos.
Y enfatiza que el gobierno buscó controlar la información sobre la pandemia de COVID restringiendo la cobertura de noticias y bloqueando el acceso de los medios independientes a los informes de salud pública.
Respecto a la libertad de reunión y asociación se recuerda que el gobierno mantiene bloqueada cada movilización a favor de la democracia, ya que policías y parapolicías persiguieron y hostigaron reuniones privadas de activistas.
Durante la pandemia la dictadura intentó ocultar datos, según el Departamento de Estado.
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Un punto importante que se recalca y que aparece como nuevo es la violación a la libre circulación y derecho a salir del país.
De hecho Estados Unidos pone el ejemplo de Lesther Javier Alemán, un ciudadano nicaragüense al que se le negó el ingreso al país el 16 de julio luego de que su hijo fuese detenido por la justicia afín a Ortega.
“El gobierno controló estrictamente la entrada de personas afiliadas a algunos grupos, específicamente organizaciones humanitarias y religiosas”, indicó Estados Unidos y mencionó que por esa razón las autoridades de Migración “confiscó” los pasaportes de al menos 15 nicaragüenses que intentaban salir del país.
Estados Unidos finalmente menciona la corrupción y falta de transparencia del gobierno de Ortega, así como el bloqueo del Estado para investigaciones internacionales por presuntos abusos a los derechos humanos.
“Informe retrata la situación de Nicaragua a cabalidad”
Desde la oposición nicaragüense el informe es visto como “un retrato a cabalidad” del panorama que se vive en Managua.
Hector Mairena, portavoz de UNAMOS, un bloque conformado por disidentes sandinistas comenta a la VOA que el informe habla de las situación de tortura a la que están siendo sometidos los presos políticos, pero afirma que le llama la atención que se menciona las situaciones que se viven en el Caribe con los indígenas.
“Esperemos que se den nuevas medidas o presiones de la administración Joe Biden hacia el régimen Ortega-Murillo”, dijo Mairena al respecto, y mencionó que “lamentablemente hay más hechos de violencia que no salen en el informe por el lapso de tiempo pero seguramente lo veremos en el del próximo año como fue la muerte en la cárcel del exguerrillero Hugo Torres”.
Por otro lado Mairena destaca que el informe evidencia la nueva forma de operar del gobierno como es controlar las salidas del país de sus críticos, a como ocurrió con la opositora María Josefina Gurdián, a quien no se le permitió viajar a Costa Rica para tratarse un cáncer que parece.
“Esta acción represiva de los Ortega de retirar los pasaportes, es francamente una barbaridad. El régimen de Ortega les ha impedido salir del país, es una flagrante violación a derechos civiles. Ese elemento es nuevo en el departamento de Estado, pero seguro veremos más”, concluyó.
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