La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el dictador Daniel Ortega, reformó este jueves la Ley Electoral, de cara a las elecciones municipales del próximo 6 de noviembre.
La reforma se aprobó con 78 votos a favor, 0 votos en contra y 10 abstenciones.
Los principales cambios aplicados a la ley radicaron en el artículo 22, en el que se amplió de 400 a 600 el número de electores en cada Junta Receptora de Voto (JRV).
También se reformó el artículo 74 para reducir el período de campaña a 30 días en el caso de las elecciones presidenciales y a 20 días para las elecciones municipales y regionales. Hasta ahora las campañas presidenciales eran de 75 días, mientras que las municipales y regionales eran de 42 días.
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En la ley se reforma igualmente el artículo 16, reduciendo de 15 a 5 días el plazo que tendrán los partidos políticos para presentar sus propuestas para conformar los Consejos Electorales Departamentales o Regionales y de 10 a 5 días en el caso de los Consejos Electorales Municipales. En el primer caso, de incumplir los partidos, será el Consejo Supremo Electoral el que lo hará de oficio, mientras que en el segundo caso le corresponderá a los Consejos Electorales Departamentales o Regionales.
Los diputados sandinistas defendieron los cambios y aseguran que se recibió los aportes de todos los partidos políticos. «En linea general todos estuvieron apoyando estas reformas, con algunos matices”, aseguró el diputado Edwin Castro, jefe de la bancada del FSLN.
Castro dijo que esto garantiza «la calidad del voto» y que «no se afecta en absoluto el voto domiciliar porque la circunscripción de los centros sigue siendo la misma».
Sin embargo, el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Lesther Flores, aseguró que si bien ellos consideran necesarias las reformas, es necesario «profundizar un poco más en los aspectos más generales de la Ley Electoral». Ese partido se abstuvo en la votación.
Urnas Abiertas: Régimen busca mayor control
La organización Urnas Abiertas criticó estas reformas, y señaló que con ello el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo que busca es «un mayor control sobre el proceso electoral», al limitar «la fiscalización ciudadana» y contradiciendo «las recomendaciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil y organizaciones políticas e internacionales».
No «sugieren reformas de fondo que planteen mejorar la transparencia o la integridad general del sistema electoral, como la despartidización de las instancias intermedias de administración electoral, tampoco son reformas que permitan la observación electoral independiente», aseguró.
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Urnas Abiertas fiscalizó en noviembre pasado las elecciones presidenciales, determinando que el abstencionismo alcanzó el 81.5%, desmintiendo así al Consejo Supremo Electoral (CSE) que informó de un 65.23% de participación ciudadana.
En relación al incremento en el número de votantes por JRV, esta organización es enfática al asegurar que es es una medida derivada del abstencionismo.
«En otras democracias se toman medidas similares cuando existen altos niveles de abstencionismo, tal como lo documentamos el año pasado desde Urnas Abiertas en Nicaragua, ya que modificaciones de este tipo cuando hay bajos niveles de participación ciudadana no provocan aglomeraciones que hacen ineficiente el proceso. Por eso, desde nuestro criterio esta reforma confirma lo que registramos en 2021, junto a otras redes ciudadanas, 8 de cada 10 nicaragüenses habilitados para votar se quedaron en casa», manifestó.
Nicaragua Investiga
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