Tras el ingreso de la Policía a la Curia Episcopal de Matagalpa, además del arresto de monseñor Rolando Álvarez, ocho personas, entre ellas sacerdotes y laicos, fueron trasladadas a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo Chipote.
Conozca quiénes son las personas detenidas en esta nueva ola represiva, emprendida por el régimen de Daniel Ortega, contra la Iglesia católica:
1. Sacerdote José Luis Díaz
Entre los detenidos está el sacerdote José Luis Díaz, quien en el 2020 criticó a la Policía Nacional por las investigaciones referentes al atentado contra la Sangre de Cristo en la la Catedral de Managua.
Díaz es párroco de la Diócesis de Matagalpa y en esa ocasión escribió en redes sociales: «Increíble pero cierto, dicen no encontraron nada artesanal (bombas) y en sus narices». El comentario lo acompañó con una imagen del atomizador encontrado por peritos de criminalística.
El pasado 25 de agosto del 2029, el monseñor Rolando Álvarez nombró al sacerdote José Luis Díaz, Segundo Vicario de la Catedral, como responsable de los Medios de Comunicación de la Diócesis de Matagalpa.
2. Sacerdote Sadiel Eugarrios Cano
El padre Sadiel Eugarrios Cano. Este funge como Primer Vicario de la Catedral de San Pedro Apóstol de Matagalpa. En el 2021 acompañó a monseñor Rolando Álvarez a la verificación ciudadana convocada por el Consejo Supremo Electoral (CSE) para las votaciones generales del 2021.
El sacerdote Eugarrios Cano, en marzo del 2020 denunció en sus redes sociales que dos sujetos a bordo de una motocicleta placa MT34396 le dieron persecución y se quedaron apostados en las instalaciones de la Catedral de Matagalpa.
Eugarrios es originario de Matiguás. colaboraba para la Catedral de San Pedro y servía en la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Rancho Grande, según un comunicado de la Diócesis Media, publicado en el 2018.
3. Sacerdote Ramiro Tijerio
El sacerdote Ramiro Tijerino es párroco del Templo San Juan Bautista de Matagalpa, también se encontraba dentro de la curia episcopal cuando los agentes ingresaron con lujo de violencia para trasladarlos a “El Chipote”.
En el 2020 fue nombrado como juez en la causa de canonización de Fray Odorico D´Andrea y, actualmente es el rector de la Universidad Juan Pablo II con su sede en Matagalpa.
En el contexto de las manifestaciones del 2018, el sacerdote abogó por la libertad de los jóvenes matagalpinos detenidos y trasladados a las celdas de “El Chipote”.
4. Sacerdote Raúl Gonzáles
El sacerdote Raúl Gonzales era otro de los que acompañaban al obispo Rolando Álvarez tras ser cercados por agentes en la curia episcopal. El también es otro de los religiosos trasladados al Chipote.
Seminaristas también permanecen detenidos
1. Seminarista Darvin Leiva Mendoza
Darvin Leiva Mendoza, es originario de Sébaco, Matagalpa, y era uno de los que estaba en servicio el día que monseñor Rolando Álvarez fue secuestrado en la curia episcopal el pasado 04 de agosto.
2. Seminarista Melkin Sequeira
Otro de los seminariestas es Melkin Sequeira, quien fue conducido con violencia hacia El Chipote.
Además de los religiosos, también fue arrestado Sergio Cárdenas, camarógrafo de los medios de comunicación de la Diócesis de Matagalpa.
#Ahora 🛑 Jefe de la ONU, António Guterres, se dice «muy preocupado» por ataques a la Iglesia en #Nicaragua https://t.co/s7NRpBnk0G pic.twitter.com/s6P0EnieUp
— Nicaragua Investiga (@nicaraguainvest) August 19, 2022
CIDH se pronunció sobre el asalto a la curia episcopal
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras conocer el arresto del obispo de Matagalpa junto a sus colaboradores, urgió “la liberación inmediata del obispo (…) y de las personas detenidas”.
La CIDH catalogó la detención como “parte de un contexto sistemático de persecución, criminalización, hostigamiento, asedio policial, declaraciones estigmatizantes por parte de las más altas autoridades del Estado y, en general, de actos de represión en contra de integrantes de la Iglesia católica en Nicaragua, debido a su rol de mediación en el Diálogo Nacional en 2018 y su papel crítico para denunciar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de la crisis en el país”.
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