Urnas Abiertas denuncia al régimen Ortega antre la ONU

En su denuncia solicita al Comité, “exhorte al Estado de Nicaragua a garantizar el desarrollo de elecciones libres y transparentes en consonancia al artículo 25 del Pacto”.

El observatorio ciudadano Urnas Abiertas, denunció al régimen de Daniel Ortega “por violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, durante la sesión evaluativa 136 que realizó el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra.

En su denuncia solicita al Comité que “exhorte al Estado de Nicaragua a garantizar el desarrollo de elecciones libres y transparentes en consonancia al artículo 25 del Pacto”.

Expresa que es “urgente” que el Estado propicie un entorno habilitante para el ejercicio del derecho de reunión y asociación y respete el derecho a elegir y la preferencia del votante. Agrega que para poder llegar a tener “elecciones libres y transparentes” en Nicaragua, se debe:

  • Cesar de inmediato la represión que ejerce el régimen Ortega – Murillo.
  • Liberar a las personas presas políticas.
  • Nombrar a nuevas autoridades electorales.
  • Devolver personería jurídica de los partidos arbitrariamente cancelados.
  • Derogar las reformas electorales aprobadas en 2021 y 2022 que inhiben y restringen la competencia electoral.

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Dictadura violenta derechos establecidos en pactos internacionales

“Expresamos nuestra preocupación ante las graves violaciones de Derechos Humanos que se viven en el país. Desde que estallaron las protestas sociales en Nicaragua en 2018, el Estado ha implementado una política de persecución contra la oposición, estas acciones han generado violaciones a los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el contexto de las elecciones generales de noviembre de 2021 y municipales de noviembre de 2022”, indica el documento leído por Olga Valle, directora de Urnas Abiertas.

Detalla que “la autoridad electoral no garantiza la independencia, imparcialidad y transparencia requerida por los principios democráticos”, pues los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSJ) son “militantes y aliados del FSLN”, y que por el contrario, “sus acciones limitan el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto al que tienen derecho las y los nicaragüenses”.

En el documento, explica que la dictadura de Daniel Ortega ha “conculcado” de manera sistemática los procesos electorales mediante la “manipulación excluyente del padrón electoral, la persecución judicial de opositores, la exclusión de candidaturas y el uso ilegal de recursos del Estado con fines proselitistas”.

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Las jugadas de la dictadura para eliminar a la oposición

Olga Valle recordó que en mayo de 2021 se aprobó la primera de dos reformas electorales que solo favorecieron la “hegemonía del partido de gobierno y limitaron las oportunidades para unas elecciones libres, democráticas y transparentes”.

Además de ello, explicó que estas reformas atentan “contra la libertad y acceso de la prensa, de opinión y expresión, de reunión y asociación pacífica, y movilización”.

En su intervención ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, Valle recordó que en Nicaragua existen “219 personas detenidas arbitrariamente”, entre ellos siete precandidatos presidenciales que fueron condenados a entre 8 y 13 años de prisión.

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También expone la eliminación “arbitraria e ilegal” de tres partidos políticos opositores, y como este 2022, la dictadura se tomó “ilegal, arbitraria e inconstitucionalmente” cinco alcaldías opositoras que se encontraban bajo dominio del partido Ciudadanos por la Libertad.

Urnas Abiertas teme que en las elecciones municipales de este 2022 haya “una nueva escalada de violencia estatal”, tal y como las que documentaron en las presidenciales del 2021.

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