El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo comenzó a devolver las nueve casas de lujo que había quitado a un grupo de jubilados estadounidenses en playa Gavilán, en el municipio de Tola, departamento de Rivas. Así lo informó el diario Confidencial.
La devolución empezó el miércoles 14 de octubre, según una fuente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) citada por ese medio. Ocurrió apenas cuatro días después de que Confidencial publicara la confiscación. Hasta ahora no está claro si se entregarán todas las viviendas o solo una parte. “Por el momento solo te puedo decir que las están devolviendo”, dijo la fuente.
Los afectados no confirmaron ni desmintieron la información. Uno de ellos se limitó a decir que en los últimos días hubo negociaciones.
Confiscadas con todo y muebles
Las casas fueron tomadas a finales de agosto de 2026. Ese día solo estaban los vigilantes, a quienes unos hombres que dijeron ser funcionarios del INSS les ordenaron abandonar las propiedades. Desde entonces, las viviendas quedaron custodiadas por personal puesto por el Gobierno, al que ahora ya se le ordenó retirarse.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) ejecutó la confiscación y luego traspasó los inmuebles al INSS. Nunca hubo una notificación oficial que explicara los motivos. Cuando los dueños buscaron respuestas en las oficinas centrales del INSS en Managua, un funcionario les propuso alquilarles sus propias casas por unos 2000 dólares al mes.
Las viviendas se quedaron con todo lo que tenían adentro: muebles, electrodomésticos, ropa y objetos personales. Algunas cuentan con piscina y paneles solares.
Una inversión de 15 millones de dólares
Los jubilados llegaron a Nicaragua en la década de los 2000 y terminaron de construir las casas en 2010. Las usaban para vacacionar o se las prestaban a familiares y amigos, porque no viven en el país.
Bajo la Ley 690 de Desarrollo de Zonas Costeras, eran dueños de las construcciones, pero no del terreno, que pertenece al Estado. Por eso pagaban un canon anual de 1000 dólares a la Alcaldía de Tola, gobernada por el Frente Sandinista.
Según uno de los afectados, la casa más pequeña costó alrededor de medio millón de dólares y la más grande entre 700 000 y 800 000. Al sumar construcción, mejoras y enseres, calcula las pérdidas totales en unos 15 millones de dólares.
Washington tomó nota
Un portavoz del Departamento de Estado lamentó ante Confidencial que el Gobierno nicaragüense viole de forma repetida los derechos de propiedad. Añadió que la Embajada de EE. UU. en Managua conoce numerosos casos de confiscaciones sin justificación, aunque no precisó cuántos afectan a estadounidenses.
La devolución coincide con un nuevo choque diplomático. Washington llamó a consultas a su encargado de negocios en Nicaragua después de que el régimen vetara a la embajadora que había propuesto.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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