Dictadura asfixió a 43 ONG hasta su «disolución voluntaria»

Nicaragua se enfrenta a una alarmante situación en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Según una documentación realizada para este texto, en base a las ediciones de 2023 de La Gaceta – Diario Oficial, en lo que va del año, un total de 43 entidades han optado por la «disolución voluntaria», lo que representa una pérdida significativa para el sector humanitario y la sociedad en general.

A este fenómeno se suman las casi 200 asociaciones, fundaciones y universidades de todo el territorio a las que se les ha arrebatado la personalidad jurídica este año. Y las más de 3,100 oenegés clausuradas desde abril de 2018 a diciembre de 2022.

Entre las organizaciones que han decidido poner fin a sus operaciones se encuentran entidades dedicadas a la niñez y adolescencia, entidades para la lucha contra enfermedades crónicas, así como organizaciones religiosas y humanitarias, pesqueras y veterinarias, que brindaban asistencia vital a comunidades desfavorecidas, o encabezaban proyectos en pro del desarrollo local. Estos cierres repentinos han dejado un vacío de apoyo y recursos en sectores vulnerables de la sociedad nicaragüense. Expertos señalan que el impacto será a corto y largo plazo.

Si bien es cierto que las causas específicas detrás de cada disolución varían, existen factores comunes que han contribuido a detectar esta alarmante tendencia. Uno de ellos es el creciente ambiente de restricciones y obstáculos impuestos por la administración Ortega-Murillo, lo que ha dificultado en gran medida las actividades y el financiamiento de las ONG. Las regulaciones burocráticas más rigurosas y las limitaciones en el acceso a fondos externos han puesto en aprietos a muchas organizaciones que dependían de ellos para llevar a cabo sus programas y proyectos.

Salvar lo que se pueda

El Ministerio de Gobernación, entidad encargada de dar trámite a estas disoluciones a través de acuerdos ministeriales, argumenta que las organizaciones que deciden disolverse están inactivas, no tienen recursos para la ejecución de sus proyectos, o los directivos y/o miembros de dichos entes son de edad avanzada, lo que impide el desarrollo de las misiones institucionales.

Esta forma de cancelación les otorga la ventaja de poder definir el destino de su patrimonio. Según el activista Amaru Ruíz, quien ha estado siguiendo de cerca los cierres de las organizaciones en el país centroamericano, esta opción permite a las organizaciones vender sus activos, como vehículos y equipos, y liquidar todo en el proceso.

El Reglamento de la Ley Nº 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines De Lucro en Nicaragua, señala que en casos de «disolución voluntaria» el destino del patrimonio se «determinará de acuerdo con el acta constitutiva y los estatutos de la organización».

Sin embargo, cuando se trata de cancelaciones de personalidad jurídica debido al incumplimiento de la Ley Nº 1115, el reglamento establece que «corresponderá a la Procuraduría General de la República proceder de oficio y transferir los bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua». Este mismo procedimiento puede aplicarse a las oenegés que se disuelven de forma intencional, pero solo cuando el destino de sus bienes no esté establecido en sus documentos internos.

La situación política y social de Nicaragua también ha influido en esta crisis. Los desafíos persistentes en términos de derechos humanos y libertades civiles han llevado a una disminución en la confianza de los donantes internacionales, lo que ha impactado directamente en la financiación de las ONG. Además, la polarización política ha generado un clima de inestabilidad, lo que ha dificultado aún más el trabajo de las organizaciones y ha aumentado el riesgo para sus integrantes y donantes.

Otro factor relevante es la falta de reconocimiento y apoyo por parte de la administración sandinista hacia el valioso papel desempeñado por las oenegés en el desarrollo y bienestar del país. La falta de diálogo y cooperación entre las instituciones estatales y las organizaciones no gubernamentales ha llevado a un deterioro en las relaciones y ha disminuido la voluntad de las ONG para continuar operando en un entorno hostil.

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“Golpe” al país

La disolución masiva de estas organizaciones no gubernamentales representa un duro golpe para Nicaragua. La sociedad pierde importantes recursos y conocimientos especializados que eran utilizados para abordar problemas críticos como la pobreza, la salud y la educación. Además, muchas comunidades se quedan desprovistas de servicios esenciales que las ONG solían proporcionar, lo que podría tener un impacto negativo a largo plazo en su bienestar.

Water For People, Caritas de Nicaragua, la Fundación para el Desarrollo Humano Sostenible, la Asociación Instituto de Promoción de Derechos Sociales de Información, Comunicación, Libertad de Creación Artística y Cultural, la Fundación por la Vida y el Desarrollo, y S.O.S. Veterinario. Todas organizaciones disueltas en los primeros cinco meses de 2023. Todas con planillas de trabajadores que ahora no tienen un empleo.

Es fundamental que el régimen nicaragüense reconsidere su enfoque hacia las organizaciones no gubernamentales y reconozca su contribución vital para el desarrollo del país. La promoción de un entorno favorable, basado en la transparencia, el diálogo y la cooperación, resulta crucial para que las ONG puedan desempeñar su papel en la sociedad y garantizar que las comunidades más vulnerables reciban la asistencia necesaria.

La comunidad internacional también debe prestar atención a esta crisis y brindar apoyo tanto a las organizaciones existentes como a la creación de nuevas iniciativas que puedan llenar el vacío dejado por las ONG disueltas, como está pasando en el caso de la diáspora nicaragüense en Costa Rica. Es necesario fortalecer los lazos de solidaridad y colaboración para garantizar que los derechos y necesidades de los nicaragüenses no sean ignorados, o que empeoren.

El cierre masivo de organizaciones no gubernamentales en Nicaragua no solo representa una pérdida para el sector humanitario, sino también un llamado de alerta sobre la importancia de preservar un entorno propicio para el desarrollo de la sociedad civil. Sin la participación activa y el apoyo a estas organizaciones, el camino hacia un futuro próspero y equitativo para Nicaragua se vuelve aún más desafiante.

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Según un informe divulgado en marzo de este año por la Fundación del Río, el cierre masivo de organizaciones hasta esa fecha había dejado 255 millones de dólares en pérdidas, 24,483 personas sin empleo y 3,4 millones de beneficiados desatendidos.

«No es voluntario. Te empujan a ello»

«Tania», a quien llamaremos así por su seguridad, se rehúsa a conversar en un principio, pero, tras acceder a sólo una declaración corta, con dolor aclara la razón: «Todas las personas que atendíamos me siguen buscando pero ya no podemos hacer mucho. No es voluntario. Te empujan, cómo organización, a ello. Están arrinconando a unos y clausurando a otros».

La administración sandinista, incluyendo al Ministerio de Gobernación o la Presidencia, no ha brindado datos sobre el impacto que deja la clausura masiva de estas organizaciones, muchas de ellas instaladas en el país tras el retorno de la democracia hace 33 años.