Régimen cancela la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua

Mediante un acuerdo del Ministerio de Gobernación (Migob), el régimen de Daniel Ortega, canceló este viernes la personalidad jurídica de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp).

Junto a Asobanp, otras 16 Organizaciones Sin Fines de Lucro fueron ilegalizadas, según el acuerdo publicado en La Gaceta Diario Oficial.

A Asobanp la acusan de no reportar sus estados financieros en el período 2020-2021 y de tener su junta directiva vencida desde el 2020.

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Seis bancos privados de Nicaragua conformaban el conjunto de Asobanp: LaFise, Banpro, BAC, BDF, FICOHSA, AVANZ.  Según su sitio web, la Junta Directiva estaba conformada de la siguiente forma:

• Juan Carlos Arguello, Presidente, en representación de Banpro.
• Juan Carlos Sansón Caldera, vicepresidente, en representación del BAC.
• Marco Antonio López Azmitia, tesorero, en representación de Ficohsa.
• Jaime Altamirano Ramírez, Secretario en representación del BDF
• Los vocales eran de Banco LaFise y Avanz
• Dirección Ejecutiva Teresa Montealegre.

Fundación AMARTE también ilegalizada

Entre las otras ONG a las que se canceló la personería jurídica figuran la A.M.A.R.T.E  cuyo trabajo es contribuir a la educación, protección y conservación de los recursos naturales, protección y bienestar animal.

También se ilegalizó a la Asociación de Jubilados del Departamento dea León (Asojudel), la Asociación Centro Americana de Criadores de Caballos de Raza Iberoamericano (Iberonic), la Asociación de Enfermos de Insuficiencia Renal Crónica Nueva Esperanza (Asociación (Adedircne), incluso a la Asociación de Desmovilizados del S.M.P. de Nicaragua Esperanza y Reconciliación.

Otra de las razones que el Migob adujo sobre la cancelación de estas 17 personerías jurídicas es que “han obstaculizado el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro del Migob”, ya que al no reportar sus juntas directivas y sus estados de financieros conforme periodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, no promovieron, supuestamente, políticas de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de sus proyectos y si fueron acordes a sus objetivos y fines, por los cuales se les otorgó personalidad jurídica, se lee en el acuerdo.