En medio de fuertes críticas y señalamientos, la Junta directiva de la Asamblea Nacional envió este lunes a la Comisión de Infraestructura la propuesta de reforma a la Ley 554, Ley de Estabilidad Energética para su análisis, informó una fuente legislativa a Nicaragua Investiga.
El documento enviado por Daniel Ortega llegó a la secretaría del parlamento, sin embargo, ya empezó su trámite para ser aprobado la semana próxima en el plenario controlado por el oficialismo.
La diputada sandinista Jenny Martínez, presidenta de la Comisión de Infraestructura del Parlamento, manifestó a los medios oficialistas que el propósito de la reforma, según ella, es que un cuatro por ciento de los usuarios «que son grandes empresarios paguen la energía que consumen, porque son los mayores morosos».
Sin embargo la realidad es otra, asevera Mario Arana, Presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua Amcham, quien calificó como “inhumana” la pretensión de Ortega de orientar juicios civiles y embargos a clientes que adeuden a la empresa de distribución de energía, considerando la crisis económica que vive el país.
– “Hay que ver las condiciones de por qué a gente está cayendo el mora, nadie está cayendo en mora porque quiere, estamos en una situación muy crítica”, dijo Arana a Nicaragua Investiga.
Sociólogos y analistas políticos han dicho que la estrategia del gobierno es trasladar la responsabilidad de la crisis a otros sectores para evitar asumir su papel en el crítico escenario económico que vive el país.
Desde abril de 2018 la situación en Nicaragua estalló a causa de unas fallidas reformas al seguro social y la masacre contra 300 manifestantes opositores al gobierno de Daniel Ortega.
Nicaragua Investiga
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