El exembajador del Vaticano y ex subdirector de la Policía Nacional, Francisco Bautista Lara, justificó la casa por cárcel que mantiene la Policía en contra de los opositores y aspirantes presidenciales. De acuerdo a Bautista Lara, «es legítimamente usada por el Estado en Nicaragua para buscar la paz”.
“La fuerza pública es un instrumento legítimo del Estado de derecho. Y debe hacerse uso de ellas por el bien común y por el bienestar común”, dijo el exembajador de la Santa Sede, mientras asistió a la presentación de la más reciente encuesta de M&R, la cual tiene inclinaciones sandinistas.
Lara se mostró frontal contra la periodista de Canal 10 que le preguntó sobre la situación de varios precandidatos y opositores nicaragüenses, que tienen impuesto el sistema de casa por cárcel de facto por agentes policiales.
Bautista Lara fue embajador en el vaticano por solo unos meses. Foto | Prensa oficialista
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“Yo le pregunto a usted: ¿qué entiende por bien común? Bien común es lo que favorece al interés general, y el bien común se define por conceptos de orden, justicia, derecho y hay que ubicarse en ese sentido”, justificó Lara.
“Si un ladrón se mete a la casa a robar, si alguien atropella a alguien, lamentablemente el bien común implica privar la libertad de esa persona que violó el derecho del otro”, comparó.
Retórico del gobierno sandinista
Lara insistió que “la fuerza pública es una cultura legítima del Estado” y debe ser usada, según él, “para prevenir acciones de particulares que atentan contra la libertad general”.
El exembajador ante la Santa Sede dijo que la restricción de la casa por cárcel, lo establece la Constitución Política de Nicaragua y el marco jurídico internacional.
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La retórica de Bautista Lara es la misma que expresan los agentes policiales a los precandidatos y opositores de Ortega.
Días atrás, Juan Sebastián Chamorro denunció mediante un video en el que se muestra a un oficial de policía impidiéndole dejar su residencia. “Nicaragua quiere paz hermano, no hay salida”, le dijo el agente al precandidato presidencial de Alianza Ciudadanos por la Libertad y luego le acusó de ser “promotor de la violencia”.
¿Qué dice la Constitución Política?
Sin embargo, la Constitución Política establece en el artículo 53 que los nicaragüenses tiene el derecho a la reunión pacífica y “el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo”, lo cual está violentando Ortega desde hace tres años, cuando los nicaragüenses reclamaron en las calles la salida de su gobierno por la represión que ejecutó en abril de 2018.
Además, el artículo 54 de la Carta Magna también reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley. De igual forma esto contraviene cuando el líder sandinista le otorgó facultad a la Policía Nacional de controlar las marchas con permisos.
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