Desde antes de su toma oficial de posesión, en un Washington blindado tras el ataque al Capitolio apenas dos semanas antes, Joe Biden y Kamala Harris ya preparaban su estrategia para controlar la pandemia de COVID-19 y encaminar el país a una «normalidad» largamente esperada.
Disminuir los índices de contagio del virus a través de regulaciones y un mayor acceso a pruebas estuvieron entre las primeras decisiones de la administración, que pronto tuvo que lidiar además con el drástico aumento de migrantes en su frontera sur y más adelante, las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania.
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«Normalidad» tras la peor pandemia en 100 años
Desde sus primeros días, la administración puso el acceso a las pruebas y las vacunas en el centro de su plan para contener la expansión del virus. Biden implementó regulaciones como el uso obligatorio de mascarillas en medios de transporte público y edificios federales, al tiempo que amplió los sitios de pruebas y vacunación.
La dupla Biden-Harris también impulsó un paquete de medidas de alivio económico para tratar de paliar los efectos en pequeños negocios y otros sectores del país.
Según datos de la Casa Blanca, entre 2021 y 2022 el gobierno organizó el mayor programa de vacunación gratis en la historia de Estados Unidos, con la movilización de 90.000 locaciones con la capacidad de administrar 125.000 inyecciones al día.
Si bien las campañas de vacunación masivas encontraron resistencia en algunos sectores de EEUU, millones de inmunizaciones facilitaron una caída en el número muertes y las hospitalizaciones. La administración eliminó a mediados de 2021 el requisito de la mascarilla en espacios cerrados y oficinas, escuelas y universidades comenzaron a reabrir, muchas con un programa híbrido que combinaba asistencia presencial y trabajo remoto.
El actual gobierno estadounidense también se involucró en el control de la epidemia fuera de fronteras. A través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) Washington destinó 539 millones de dólares para financiar más de 70 millones de dosis en América Latina.
La aparición en 2022 de nuevas variantes del virus, mucho más resistentes que las anteriores, comenzó a amenazar los avances en el control de la pandemia. La administración volvió su atención a la producción de versiones de refuerzo de las vacunas ya existentes y lanzó una campaña para promover las inyecciones de refuerzos contra las peligrosas versiones Delta y Ómicron de cara al invierno.
En septiembre, Biden declaró el fin de la pandemia, mientras su administración anunció que se enfocaría en manejar «una nueva normalidad» que incluye convivir con el COVID-19 y sus variantes, las cuales continúan preocupando a las autoridades sanitarias internacionales.
Según una publicación del prestigioso Diario de la Asociación Médica Estadounidense, esta nueva realidad tendrá que ampliar el foco y no solo reducir el riesgo del COVID-19, sino de todos los virus respiratorios que ya circulan.
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Crisis en la frontera sur
Desde el primer día de su recorrido, la administración mantuvo el foco en la migración, en un inicio para desmontar parte de la política migratoria de su antecesor Donald Trump y relajar las restricciones a entradas y visados impuestas durante lo peor de la pandemia del COVID-19. A mediados de 2021, el presidente designó a Kamala Harris como líder de la gestión migratoria.
La llegada de un número inédito de migrantes – un récord de 2,7 millones en el año fiscal 2022 -debido a la intensificación de la crisis humanitaria en América Latina, complicó el escenario para el actual gobierno demócrata, que vio como el sistema migratorio y ciudades fronterizas se vieron desbordadas ante cientos de miles de personas.
La presión se movió de la frontera, donde ciudades como El Paso declararon emergencia el pasado diciembre, a urbes como Nueva York y Washington, a donde fueron enviados migrantes desde estados como Texas y Arizona, cuyos gobiernos republicanos culpan a Biden de aplicar una «política fallida» para manejar la situación en la frontera.
En septiembre, Biden declaró el fin de la pandemia, mientras su administración anunció que se enfocaría en manejar «una nueva normalidad» que incluye convivir con el COVID-19 y sus variantes, las cuales continúan preocupando a las autoridades sanitarias internacionales.
Según una publicación del prestigioso Diario de la Asociación Médica Estadounidense, esta nueva realidad tendrá que ampliar el foco y no solo reducir el riesgo del COVID-19, sino de todos los virus respiratorios que ya circulan.
Crisis en la frontera sur
Desde el primer día de su recorrido, la administración mantuvo el foco en la migración, en un inicio para desmontar parte de la política migratoria de su antecesor Donald Trump y relajar las restricciones a entradas y visados impuestas durante lo peor de la pandemia del COVID-19. A mediados de 2021, el presidente designó a Kamala Harris como líder de la gestión migratoria.
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El presidente denunció inmediatamente la «criminal» guerra contra la nación ucraniana y señaló al mandatario ruso como el principal responsable de un conflicto que ha provocado un encarecimiento en los precios del petróleo en todo el mundo, así como demoras en las cadenas de suministros de alimentos y otros productos.
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La ayuda a Kiev no se hizo esperar, combinada con un paquete de sanciones a Moscú en coordinación con la Unión Europea. Desde la llegada de Biden a la Casa Blanca, EEUU ha destinado cerca de 24.900 millones de dólares en ayuda militar y humanitaria a Ucrania.
La reciente visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy a Washington, la primera al extranjero del mandatario europeo después del inicio de la guerra, fue uno de los momentos más relevantes del año en Estados Unidos.
Zelenskyy fue recibido como un héroe por Biden en la Casa Blanca y ovacionado durante su discurso ante una sesión conjunta del Congreso, que demostró el respaldo estadounidense a casi un año del comienzo del conflicto.
A pesar de que varias voces en el Congreso han expresado su preocupación ante la duración indefinida de la guerra en Ucrania, la administración ha asegurado que se mantiene comprometida a continua con su asistencia, incluido un paquete de 3.500 millones de dólares anunciado este enero que incluye vehículos de combate de infantería Bradley, obuses autopropulsados, vehículos blindados de transporte de personal, misiles tierra-aire y municiones.
Se espera que Biden apruebe un envío de vehículos blindados Stryker para Ucrania, de acuerdo a funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato.
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