La liberación de decenas de presos políticos en Venezuela, como lo hizo hace pocas semanas el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, dependería de una de las decisiones “políticas” del gobierno de Nicolás Maduro más esperadas, coinciden sus opositores y defensores de derechos humanos en ese país.
Ortega liberó el pasado 9 de febrero a 222 presos políticos con la facilitación de la Casa Blanca y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Viajaron todos en un vuelo chárter hasta el estado de Virginia, donde los recibieron familiares y amigos.
La decisión fue “unilateral” por parte del gobierno sandinista y fue calificada por Estados Unidos como “un paso constructivo” hacia el fin de los abusos a los derechos humanos en Nicaragua. Entre los expatriados, se encuentran los seis aspirantes a la presidencia detenidos en 2021, líderes campesinos, religiosos y exdiplomáticos.
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El gobierno de Ortega confirmó poco después que había despojado de su nacionalidad a los liberados y se confirmó la expropiación de sus bienes y propiedades en Nicaragua.
En Venezuela, existen 269 presos políticos, entre los cuales se incluyen 150 militares y 13 mujeres, según el recuento de la organización no gubernamental Foro Penal, una asociación civil de abogados que defienden gratuitamente a personas detenidas arbitrariamente.
Precedentes
Gonzalo Himiob, su director y vicepresidente, destaca que se han visto medidas “muy parecidas, aunque a menor escala”, que las liberaciones sin precedentes en Nicaragua.
Cita las liberaciones y destierros de al menos seis ex presos políticos: Yon Goicoechea, ex líder juvenil que militó en varios partidos opositores; Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, activista del partido Voluntad Popular; Lorent Saleh, joven defensor de derechos humanos; Vilca Fernández, dirigente estudiantil, y el exministro Miguel Rodríguez Torres.
“En todas estas situaciones, como ha ocurrido en otros pocos casos, estas personas fueron excarceladas bajo la condición de abandonar inmediatamente el país”, confirma Himiob en conversación con la Voz de América. La diferencia con Nicaragua radica en que a ninguno se les privó de su nacionalidad, sino que solo se les desterró de Venezuela, explica.
El especialista en derecho penal subraya que la pena de extrañamiento del territorio nacional de venezolanos está prohibida según mandato constitucional.
El artículo 50 de la Carta Magna reza: “ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas”.
Himiob apunta que una decisión “política” de excarcelación de 269 venezolanos detenidos por razones políticas solo podría fundamentarse en herramientas contempladas en ley, como una amnistía general o indultos. Jamás, insiste, podría “supeditarse” esas excarcelaciones a la salida del país del beneficiario de esas medidas.
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Deben ser liberados todos
La liberación de presos políticos en Venezuela es una exigencia de la oposición que incluso se remonta a los tiempos del gobierno de Hugo Chávez, quien gobernó el país desde 1999 hasta su fallecimiento en 2013, cuando lo sucedió Maduro en el poder.
Según ha confirmado múltiples veces ante la prensa la Plataforma Unitaria de partidos antichavistas, el escenario ideal para lograr que se cumplan demandas como la excarcelación de “todos” los presos políticos es la negociación de Ciudad de México.
Con la facilitación de Noruega y el concurso de gobierno de otros países, como Estados Unidos, la oposición venezolana aspira a dirimir cara a cara con el chavismo asuntos clave para la redemocratización del país, la mejora de las condiciones y garantías electorales y la liberación de detenidos por razones políticas.
Ocurre, sin embargo, que esa negociación marcha con lentitud. El proceso se interrumpió por 13 meses hasta su reanudación, en noviembre pasado. No ha habido otra reunión de los negociadores por la inconformidad del gobierno de Maduro por el presunto retraso en la inyección de recursos a un fondo social acordado por las partes en el último encuentro.
Roberto Enríquez, uno de los nueve delegados negociadores de la oposición y dirigente nacional del partido socialcristiano Copei, dijo a la VOA que no tienen información sobre una posible liberación de presos políticos al estilo Nicaragua en los próximos días.
“Ojalá, pero no tengo mayor información. Nuestra posición siempre ha sido que no debe haber ningún preso político y deben ser liberados todos”, manifestó.
Enríquez mencionó el mecanismo conocido como “la puerta giratoria”, en el que un gobierno libera a algunos detenidos como parte de acuerdos, pero arresta a otros con fines represivos. “Es absolutamente perverso”.
Destierros ilegales
El presidente venezolano se reunió en privado en enero con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, en el Palacio de Miraflores.
Según Maduro, el encuentro fue “fructífero” y sirvió para ratificarle al funcionario de la ONU su voluntad de “avanzar en el perfeccionamiento del sistema de justicia”. Activistas y opositores han denunciado que el retraso de los procesos judiciales en Venezuela favorece o sirve de argumento, en algunos casos, para la extensión de arrestos de presos políticos.
Unos días después de la reunión entre Maduro y Türk, agentes policiales trasladaron a los tribunales al periodista Roland Carreño, detenido por más de dos años, y a seis líderes sindicales y activistas de derechos humanos arrestados por presunta conspiración. Ninguno de los casos mencionados incluyó medidas de liberación, sin embargo.
Mientras, expertos en derecho penal en Venezuela, como Himiob, resaltan que una amnistía general o liberaciones de presos políticos mediante indultos sí son posibles.
“Esto es cónsono con lo dispuesto en el artículo 12, numeral 4, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que es ley vigente en Venezuela”, recuerda a la VOA.
El vocero de Foro Penal dice estar consciente de que las decisiones de esta índole dependen de “la voluntad igualmente política” del gobierno. Señala que ha sido “poco” el respeto por las leyes vigentes en esas situaciones por parte del Estado venezolano.
“Una medida similar a la de Nicaragua sería posible, aunque, por supuesto, en primer término, probaría claramente el carácter arbitrario y político de las detenciones”, indica.
Para ello, es importante tener un registro “detallado y confiable” de todos los casos de detenciones políticas en Venezuela. El asunto se empañaría legalmente si esas liberaciones vinieran acompañadas de la demanda de destierro o expatriación a los beneficiados, dice.
“Si dicha medida viene acompañada de la exigencia a los beneficiados de abandonar el país, se estaría de facto imponiéndoles una pena de destierro, lo cual, por sí mismo, es una violación grave a los derechos humanos” por parte del gobierno, advirtió.
Nicaragua Investiga
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