Petro pide investigar a su hijo ante rumores de posibles sobornos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el jueves a la Fiscalía General de la Nación que investigue a su su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, para esclarecer los rumores que apuntan a supuestos sobornos de narcotraficantes y presos, a cambio de incluirlos en la política de la paz total, adoptada por el actual gobierno.

La petición también abarca a su hermano, Juan Fernando Petro Urrego, quien ya había sido citado a comienzos de febrero por la Fiscalía, para explicar la su gestión con algunos narcotraficantes, recluidos en cárceles del país. Durante una audiencia, Juan Fernando pidió ser reconocido como víctima del caso porque, según argumentó, se usa su nombre para lograr acercamientos ilegales.

“Debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano Juan Fernando Petro Urrego y mi hijo mayor Nicolás Petro Burgos, le pido al Fiscal General de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades”, señaló Petro, a través de un comunicado.

Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/erVs8bJx4r

— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 2, 2023

El mandatario recordó, a través de la misiva, que el único funcionario delegado por el gobierno para contactar a las organizaciones al margen de a ley, «con el objetivo único de la búsqueda de la paz», es el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda.

Petro también aclaró que su gobierno no «entregará beneficios a criminales a cambio de sobornos» y que se encuentra «en la construcción de los mecanismos legales para que los grupos al margen de la ley puedan acogerse a la justicia, reparen a las víctimas y cesen la violencia en los territorios».

Advirtió, además, que si alguien quiere interferir con lograr la paz, a cambio de algún beneficio propio, «no tiene cabida en el Gobierno», incluso si son sus familiares, pero que confía en que su hijo y su hermano comprueben su inocencia y que respetará las conclusiones de la justicia.

A comienzos de febrero, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz denunció que abogados ofrecieron servicios engañosos a algunos presos para incluirlos en un eventual sometimiento a la justicia, en el marco de la política de la paz total.