La Asamblea Nacional de Ecuador decidió el martes continuar el proceso de juicio político y eventual destitución del presidente Guillermo Lasso, a quien la oposición acusa de malversación de fondos públicos.
Con el voto de 88 de los 116 legisladores presentes el Legislativo adoptó esa resolución que implica que el proceso seguirá en una nueva sesión en la que los acusadores presentarán sus pruebas en un plazo de cinco días, otro lapso similar para la defensa y un plazo igual antes de convocar a una sesión final de votación en la que se definirá la suerte del mandatario de 67 años.
Para avanzar con el proceso se requería el voto de la mitad más uno de los legisladores presentes en el recinto.
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Si el juicio avanza sin contratiempos, la votación para la censura y destitución de Lasso, quien está en la mitad de su gestión de cuatro años, se produciría entre el 20 y 22 de mayo. Para ello se requieren al menos 92 votos del total de 137 asambleístas.
Lasso afrontó un primer intento de destitución que no fructificó en junio de 2022, cuando el legislativo no logró reunir los 92 votos necesarios, tras un levantamiento indígena que puso en aprietos el gobierno y mantuvo al país andino en virtual parálisis por casi tres semanas.
En cualquier momento del proceso Lasso puede disponer por decreto la disolución de la Asamblea y gobernar por decreto con el control de la Corte Constitucional hasta por seis meses, al tiempo de convocar a nuevas elecciones presidenciales y legislativas.
El mandatario ecuatoriano, en una reunión con corresponsales de medios extranjeros en abril, dijo que en efecto no dudará en hacer efectivo un decreto para disolver la Asamblea en caso de que sea inminente su destitución.
Julio Echeverría, catedrático de la universidad de posgrado Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, dijo a AP que Lasso llegó a este punto porque ha practicado una política de confrontación y ahora “tenemos un presidente desesperado por lograr aliados para salvarse de la destitución”.
El antecedente más cercano de un presidente ecuatoriano destituido por el Congreso es el de Abdalá Bucaram, en febrero de 1997, aunque en su caso no hubo juicio político, sino que los congresistas lo declararon con incapacidad mental para gobernar sin ningún informe médico o siquiátrico.
Aunque la acusación contra Lasso no ha sido demostrada y la Comisión de Fiscalización Legislativa emitió un informe que lo liberó de responsabilidades, el documento no fue aprobado porque ese organismo, al igual que la Asamblea, es controlado por la oposición.
El presidente del legislativo, Virgilio Saquicela, defendió que el pleno decidiera sobre el juicio político alegando que “al no existir informe el pleno de la Asamblea tiene, a través de una resolución, que resolver” con el voto de los legisladores la suerte el juicio político.
Pero el abogado del presidente, Edgar Neira, afirmó a la red de televisión Teleamazonas que el proceso está reglamentado en la ley orgánica del Poder Legislativo y que los opositores tomaron como base una norma que no está en ese texto para adelantar el juicio.
Añadió que el legislativo no puede ejercer otra atribución “que no esté establecida en la Constitución y la ley”.
El juicio a Lasso, que empezó hace poco más de un mes, contó con el aval de la Corte Constitucional. El mandatario tiene un mínimo apoyo legislativo que lo pone en desventaja para negociar su permanencia en el poder.
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