El recorrido de la ruta migrante está lleno de obstáculos: desde los riesgos de perder la vida hasta la amenaza de ser deportados. El primero de los peligros logra ser sorteado por algunos migrantes. El segundo es una amenaza latente que puede librarse de dos maneras: con dinero o con un salvoconducto.
El salvoconducto es un permiso temporal de tránsito. Con este documento los migrantes irregulares consiguen atravesar el país emisor sin que las autoridades los extorsionen o los amenacen con deportarlos. Una vez los migrantes muestran el permiso, la policía migratoria no tiene objeción y les permiten avanzar. En los países que no les ofrecen salvoconducto, los migrantes viven extorsiones y deportaciones.
Laura, una migrante de 23 años que llegó a Esquipulas, Guatemala, desde Venezuela, contó su experiencia: “El salvoconducto es un beneficio para nosotros. En Honduras nos lo dieron por cinco días y ningún policía nos pidió dinero a cambio de dejarnos seguir. Solo lo muestras sin dárselos, y ellos ya saben que no pueden deportarnos ni pedirnos dinero”.
La joven, que solicitó no ser identificada por razones de seguridad, recorrió junto a otros familiares seis países para llegar hasta Guatemala. En la mayoría no tuvo la opción de optar por un salvoconducto, excepto en Honduras, con el que pudo llegar hasta la frontera con Guatemala sin problemas. En el resto de los países pagó el precio de la extorsión.
La travesía de Laura comenzó en su natal Venezuela a mediados de agosto. Primero cruzó la selva del Darién, donde fue víctima de extorsión por parte de supuestos grupos guerrilleros adentrados en la selva. Luego, tras pagar un brazalete logró llegar hasta el lado panameño de la selva, donde otro grupo criminal le exigió dinero a cambio de dejarla continuar hasta el primer refugio: San Vicente, en Panamá.
A partir de ahí, -relata Laura a la Voz de América– tuvo la necesidad de un salvoconducto que le permitiera avanzar sin pagar extorsión, ni verse expuesta a usar rutas migratorias donde abundan las bandas criminales.
La joven atravesó todo Panamá en un autobús que salió desde el refugio.
En Costa Rica, Laura pasó lo más rápido que pudo, algo que no hacen todos los migrantes. Recientemente, el presidente de ese país, Jorge Rodríguez, declaró emergencia nacional por la llegada de miles de migrantes que se quedan varados en el país centroamericano a la espera de reunir dinero para continuar el viaje.
Según datos oficiales de las autoridades de Panamá, hasta el 23 de septiembre, más de 390.000 migrantes cruzaron el Darién. Una cifra no registrada anteriormente.
Cuando Laura y su familia llegaron a Nicaragua, el panorama cambió: justo cuando bordeaban la sede de migración en la zona conocida como El Naranjal, fueron sorprendidos por un grupo de delincuentes encapuchados. La joven dice que eran unos 20 hombres y mujeres quienes le exigieron pagar para pasar.
“En Nicaragua no hay salvoconductos. Tuvimos que bordear migración de noche. Y te salen unos empistolados a quitarte dinero. Ellos dicen que son tierras ajenas y tenemos que pagar por ahí. Te cobran 30 dólares por persona. Yo digo que migración sabe de eso», afirma.
«Tantos migrantes que pasan por ‘El Naranjal’. Migración tiene que saber que ahí extorsionan”, agrega.
Según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), los migrantes son extorsionados a menudo no sólo por bandas criminales sino también por personas que se aprovechan de su situación vulnerable para obtener ganancias, como los lugareños que exigen el pago para cruzar por tierras privadas. También, los transportistas les exigen dinero a cambio de no denunciarlos ante las autoridades de inmigración.
Salvoconducto en Honduras
Las extorsiones para la joven y su familia se pausaron en Honduras, el único país de Centroamérica que les dio acceso al salvoconducto. Aunque el documento no libra a los migrantes de sufrir extorsiones por parte de delincuentes, sí logran quitarse un peso menos: la amenaza de deportación si no pagan.
Laura cruzó Honduras sin problema. Pero en Guatemala… el panorama cambió. Ella y su familia no pudieron hacer chequeo regular porque Guatemala le exige a los venezolanos una visa para entrar. Entonces atravesaron una “trocha”, que en Venezuela significa un camino escondido. El paso ilegal les costó 2 dólares.
La joven y su familia decidieron esperar unos días en Esquipulas, el primer pueblo que los migrantes encuentran tras cruzar la frontera Agua Caliente con Honduras.
El problema para ella es que ahora mismo Esquipulas tiene constantes operativos del gobierno de Guatemala que exigen a los migrantes regresar a la frontera en caso de no tener permiso de entrada. Unos migrantes regresan y otros deciden avanzar con la esperanza de no ser descubiertos en el camino por las autoridades de ese país.
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Laura decidió irse en un autobús que les cobró 150 quetzales, unos 20 dólares, para llevarlos a Chiquimula, un poblado a una hora de Esquipulas.
“En ese bus nos pidieron 50 quetzales más (seis dólares) para los policías, pero yo no tenía y yo le dije que no teníamos. Y como yo habíamos muchos. Cuando llegamos a un gran puesto de control cerca de Chiquimula, ya para terminar el camino, el de la busetica se bajó y le dijo al policía ‘ahí van varios venezolanos y ninguno pagó’. ‘¿Ah, sí?’, dijo el policía y nos bajaron a todos. Yo le dije al señor que me devolviera mi pasaje y se rió”, relata la joven.
Laura y su familia fueron devueltos a la frontera con Honduras, Agua Caliente, así que debieron empezar en Guatemala de cero, de acuerdo con su testimonio.
Sin salvoconducto, más corrupción policial
La VOA consultó el 22 de septiembre a la oficina de comunicaciones de Migración de Guatemala sobre las extorsiones que denuncian los migrantes en los puestos de control de ese país, pero no obtuvimos respuesta.
“Algunos países les han otorgado a los migrantes salvoconductos para continuar su viaje. Sin embargo a su ingreso por Guatemala se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Se les exige una visa consultada para su ingreso regular y, si no la tienen, son retenidos y expulsados del país”, denunció la organización Médicos del Mundo, cuya sede en Guatemala se halla cerca de la frontera Agua Caliente.
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La posibilidad de contar con un salvoconducto en el país centroamericano es nula, según la organización. Un hecho que «aumenta los casos de corrupción de parte de funcionarios policiales, que amenazan a transportistas y organizaciones humanitarias con aplicar el artículo 103 del Decreto 05-2022 sobre tráfico de personas, que contempla una pena de hasta 30 años», agrega.
Los migrantes que logran atravesar Guatemala rara vez se libran de la extorsión.
En México sí hay posibilidad de salvoconducto. Un permiso que a diferencia de Honduras dura 30 días.
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