Durante el 2020, en Venezuela continuaron las “presiones directas e indirectas” contra periodistas y medios de comunicación, “ejercidas principalmente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado”, reveló en su informe anual el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS).
El informe, titulado “El Virus de la Censura”, advierte que el periodismo venezolano se enfrenta a riesgos “cada vez más notables” y agrega que el miedo y el silencio “se acentuaron en un país inmerso en una realidad compleja por la crisis política y económica, en donde las voces de la denuncia han sido acalladas”.
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De acuerdo a la organización, el año pasado recibieron 374 denuncias que acumularon 636 violaciones a la libre expresión e información, de las cuales en 338 estuvieron relacionadas con agresiones y ataques.
“El tema de la violencia tuvo gran impacto en el ejercicio periodístico, no solamente los hechos de intimidación y las agresiones físicas, sino que inclusive se registraron dos asesinatos y un intento de homicidio, además de desapariciones forzadas que también afectaron la integridad y la vida de trabajadores de la prensa”, expuso Daniela Alvarado, coordinadora de libertades informativas de IPYS Venezuela.
Alvarado enfatiza que registraron “102 hechos por abuso de poder estatal, 63 limitaciones de acceso a la información pública, 13 casos de censura previa, 29 acciones legales y administrativas y 12 casos de censura interna”, añadió.
“El carácter autoritario de los distintos actores del Estado aumentó la temperatura de la represión en el país. Las acciones abusivas y desproporcionadas por parte de los miembros de las fuerzas estatales, con la intención de suprimir la pluralidad de voces en los espacios informativos y de opinión, también fueron parte de la enfermedad que soportó la libertad de prensa en Venezuela a lo largo de 2020”, expone el informe.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una conferencia de prensa. AFP/NI
Los investigadores destacaron que la información local se ha visto afectada con el cierre de medios de comunicación, en un contexto de “poca transparencia y sin respetar el debido proceso”.
En ese sentido, Marianela Balbi, directora de IPYS, subrayó que un elevado porcentaje de los venezolanos actualmente se informa a través de plataformas digitales y radiales. Además, agrega que “hasta 14 millones de venezolanos se encuentran en una situación de incomunicación”, al no poder tener la posibilidad de consultar medios locales.
“Vemos el efecto de estas acciones de Conatel al cerrar y cercenar todavía más espacios de radio que siguen siendo los que están quedando apenas como ventanas informativas en esas localidades, en esos municipios, en zonas de 5 mil, 10 mil, 100 mil habitantes”, dijo durante la presentación del informe.
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Balbi afirmó que el país presenta unos índices de desinformación, de acceso a la información, que no tienen otros países.
“Venezuela, y quizás Cuba, somos los únicos países que estamos en ese ranking donde hay peores condiciones para el ejercicio del periodismo y para el acceso a la información pública”, puntualizó.
En varias ocasiones durante los últimos años, diversos funcionarios del gobierno han desmentido que la libertad de expresión en Venezuela esté amenazada y han señalado a periodistas independientes de “agentes del imperialismo” por la posición critica que han adoptado hacia las gestiones gubernamentales.
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