Una mujer de 19 años, detenida en una comisaría policial cercana a la capital venezolana, murió el fin de semana tras recibir un disparo en el rostro cuando un oficial intentaba forzarla a mantener relaciones sexuales, denunció la organización no gubernamental “Una Ventana a la Libertad”.
Carlos Nieto Palma, coordinador de “Una Ventana a la Libertad”, dijo a la Voz de América que se trata de una situación que “ocurre desde hace tiempo” en distintos centros de detención preventiva del país.
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«En marzo de 2019 ya hablábamos de esta manera de violencia sexual contra la mujer y donde las utilizaban a manera de intercambio, de favores sexuales a cambio de alimentación o de seguridad”, expresó Nieto.
El abogado insistió en que uno de los problemas es que los calabozos policiales, que deberían ser espacios “transitorios” donde los detenidos no deberían permanecer más de 48 horas, “se han convertido en las nuevas cárceles de Venezuela”.
“Son espacios sin condiciones para tener a presos ahí, por lapsos mayores a 48 horas y los policías no tienen dentro de su línea de trabajo cuidar presos porque no están preparados para eso. Tampoco hay las condiciones de separación, hemos visto casos de mujeres mezcladas con hombres, este tipo de abuso sexuales de parte de los reclusos hacia las mujeres reclusas, a veces consensuado, a veces no, pero es una situación complicada”, dijo.
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Consultado por la VOA, Nieto subrayó que de acuerdo al Código Penitenciario de Venezuela y a las leyes internacionales que rigen el tema carcelario, “las reclusas, mujeres tienen que ser custodiadas por personal femenino” y, además, los oficiales “no pueden” ingresar a las celdas portando armas de fuego.
De acuerdo al coordinador de la ONG, durante la audiencia de presentación celebrada el miércoles por la noche, al oficial se le imputaron los delitos de homicidio intencional por motivos innobles o fútiles, uso indebido de arma orgánica, violencia sexual y traición a la patria.
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El abogado agregó que el caso fue elevado ante la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El diputado Williams Dávila, miembro de la Comisión Delegada del Parlamento liderado por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, anunció que elaborarán un informe y también enviarán “una comunicación” ante esas instancias internacionales.
“Estas son situaciones sumamente graves, esto pone en evidencia la podredumbre del sistema político que tenemos en Venezuela en donde cualquier persona con un uniforme y un arma se considera superior a un ciudadano, porque aquí se ha creado la cultura de la violencia, el lenguaje del odio”, manifestó.
Tras calificar el hecho como “abominable”, la parlamentaria Marianela Fernández aseguró que “esto se ha convertido en la práctica habitual de muchos funcionarios policiales, que valiéndose de las armas y del sentido de indefensión de las víctimas, sacan lo peor de sus instintos hostigando y obligando a las detenidas a otorgarle favores sexuales, so pena de ser maltratadas”.
“Estos hechos se suceden a diario con el conocimiento y la complicidad de las autoridades de esos centros de reclusión”, enfatizó.
Según el informe anual de los centros de detención preventiva 2020 de “Una Ventana a la Libertad”, a finales del año pasado registraron un total de 24.218 personas detenidas “cuando el cupo total disponible” en esas instalaciones era de 7.457.
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