Xiomara Castro, presidenta de Honduras, condenó el martes el homicidio de una fiscal medioambiental, acaecido a finales de la semana pasada, y a través de un mensaje de Twitter demandó “justicia y resultados” por parte de los servicios de inteligencia del Estado.
La fiscal y abogada, identificada como Karen Almendares, fue asesinada a tiros la noche del 27 de mayo, frente a su lugar de residencia en la ciudad de Nacaóme, fronteriza con El Salvador.
«Los responsables intelectuales y ejecutores del asesinato de la fiscal Karen Almendares no van a quedar en la impunidad. Condeno el crimen», fue la respuesta de Castro ante el homicidio.
Los responsables intelectuales y ejecutores del asesinato de la fiscal, Karen Almendares, no van a quedar en la impunidad. Condeno el crimen. Las bandas de sicarios siguen operando y el pueblo espera justicia y resultados de los servicios de inteligencia del Estado.
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) May 31, 2022
La mandataria también citó que: “Las bandas de sicarios siguen operando [en Honduras] y el pueblo espera justicia y resultados de los servicios de inteligencia del Estado”.
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Según un reporte reciente de la policía hondureña la cifra de homicidios en Honduras aumentó en un 3,2% en los primeros tres meses de 2022, en comparación al mismo periodo del año anterior, con más de 600 reportados.
Las autoridades atribuyen las muertes violentas al crimen organizado y las pandillas que operan en el país.
Por su parte el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), luego del crimen, dio detalles sobre la creación de una comisión que “trabajará para investigar cuántos son los asesinatos de profesionales del derecho en el país” y que procederán a interponer las denuncias ante las entidades correspondientes.
Rafael Canales, presidente de la institución, en un comunicado, dijo que “dentro de 30 días se conocerá cuántos de estos casos han sido judicializados y en qué etapas se encuentran; del informe [de la comisión] sacaremos las conclusiones y realizaremos las denuncias correspondientes”.
Los profesionales también denunciaron que en el país centroamericano no hay garantías de protección para abogados, ni para operadores de justicia.
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