Este jueves se llevó a cabo la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, sobre los casos de los pueblos Rama y Kriol, comunidad de Monkey Point y comunidad Creole Negra indígena de Bluefields y sus miembros, como parte del 155 periodo ordinario de sesiones.
En la actividad, que estuvo presidida por el juez Ricardo C. Pérez Manrique, presidente de la Corte IDH, se plantearon demandas de los indígenas y manifestaron los atropellos que han sufrido los comunitarios, al no ser consultados ni tomados en cuenta para la toma de decisiones ante los acuerdos que se firmaron para dar paso al megaproyecto que ideó el régimen de Daniel Ortega hace casi 10 y que hasta hoy es solo un sueño.
Erick acuña, especialista en derechos humanos en la CIDH, manifestó que la comisión lamenta que “la falta de participación del Estado nicaragüense durante todo el trámite del caso ante este tribunal”.
Así mismo, refirió que desde el año 2013, el estado nicaragüense a través del Consejo Regional Autónomo, de la Costa Caribe Sur se negó a reconocer la elección de las autoridades de los pueblos y la comunidad Rama y Krioll, ya que promovió gobiernos paralelos al incentivar y reconocer a otras personas que no fueron elegidas de forma tradicional.
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“Esta situación generó un grave impacto en su organización política y social, a la fecha los pueblos y la comunidad siguen reivindicando el reconocimiento de sus legitimas autoridades y la protección de sus territorios ancestrales…”, añadió.
Informe destaca violación a derechos de los indígenas
Acuña expresó que en su informe la Corte IDH consideró que las acciones del Estado relativas a la falta de certificación de autoridades tradicionales de los pueblos y comunidad, constituyeron una violación a su derecho de autonomía y autogobierno, como expresión del principio de libre determinación de los pueblos.
“Adicionalmente con los pueblos Rama y Kriol la comisión identificó que el Estado incumplió su deber de saneamiento, a la vez existen grupos de colones dentro de sus territorios, respecto a la comunidad negra creole indígena de Bluefields, la comisión considera que el estado incumplió su deber de titular sus territorios tradicionales y a la fecha solo se ha titulado una fracción mínima de sus tierras reivindicadas, por otra parte la comisión consideró que el estado no garantizó el derecho de consulta previa, libre e informada frente a la planeación del proyecto del Canal Interoceánico”, manifestó en audiencia ante los jueces.
El experto remarcó que la comisión tomó en cuenta que el estado adoptó la Ley 840, que autorizó el proyecto sin requerir ningún tipo de consultas, lo cual resultó inconvencional, “a ello se sumó los reclamos de las víctimas, ya que el estado desarrolló un proceso que no cumplió de modo alguno con los estándares interamericanos en la materia, puesto que no hubo información detallada sobre el proyecto y posibles impactos, no fue un proceso culturalmente adecuado y se continuo con la injerencia en elección de autoridades tradicionales, que incluso fueron amenazadas y coaccionadas”.
Este jueves durante la audiencia pública ante la Corte IDH, los indígenas plantearon sus demandas ante los jueces, así como el reconocimiento de sus legítimas autoridades, titulación y demarcación de sus territorios. Foto: cortesía
Tras la notificación del informe, Erick destacó que se aprobó un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones y en su respuesta el Estado nicaragüense se opuso a las conclusiones y recomendaciones de la comisión y solicitó una prorroga; y “en virtud de lo anterior y ante la necesidad de obtención de justicia y reparación para las víctimas, la comisión decidió enviar el caso a la corte”.
Demandas que plantean los indígenas
Los representantes de los pueblos indígenas son Dolene Patricia Miller, lideresa de la Comunidad Negra Creole Indígena, Rupert Allen Clair Duncan, del Gobierno Territorial Kriol; y Becky McCray Urbina, de la comunidad Ramaki.
Por su parte Dolene Patricia Miller (declarante) afrodescendiente, activista y defensora de derechos de la Costa Caribe de Nicaragua y quien fue electa para representar a la población afrodescendiente creole ante la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación, Conadeti (de la que fue apartada ilegalmente), a través de asamblea territorial, manifestó que desde el año 2006 se había solicitado su proceso de demarcación, sin embargo, fue hasta en el 2010 que la Conadeti a través de resolución admite esta solicitud y por tanto el proceso de demarcación territorial de Bluefields inicia desde ese momento.
“Sin embargo fue en el 2011 por medio de un decreto presidencial se cercena el territorio que fue solicitado la demarcación de Bluefields, en ese mismo año el proceso se vio interrumpido por estas decisiones que prácticamente detuvo este proceso de demarcación de la comunidad negra creole indígena de Bluefields, Conadeti lo que hizo fue admitir este proceso y continuar con la presentación de resoluciones que prácticamente decían que iban acompañar a la comunidad indígena creole indígena de Bluefields en su proceso de demarcación”, explica.
Miller detalló que en el año 2012 cuando se entrega el diagnóstico de Bluefields para poder continuar con este proceso “es que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba un proyecto, una ley para conformar la comisión del gran canal que prácticamente vino afectar el proceso de demarcación de Bluefields”.
Una voz para alertar
Añadió que en el año 2013 fueron invitados a una reunión por parte del secretario político del gobierno regional, alcaldesa de Bluefields y otras autoridades y lo que se vio es que el mensaje del secretario político era para que la comunidad desestimara de su demarcación territorial.
La activista manifestó que al aprobarse en el año 2013 la Ley del Gran Canal, ellos se ven afectados porque en primer lugar desconocían la ruta por donde pasaría la propuesta del proyecto. “Al escuchar sobre esta situación nos avocamos directamente a las autoridades del consejo regional y solicitamos que por favor pensaran que ese aval pudiera dar pie a la violación a los derechos de nuestros pueblos…”.
Miller dijo que en la Conadeti está claramente identificado que las tierras comunales son inembargables, inalienable e imprescriptibles. “Mi función en ese momento dentro de la Conadeti era alertar a la población indígena y afrodescendiente de que la propuesta que se estaba discutiendo tenía que valorarse en el contexto del proceso de la demarcación territorial”.
Lo que hice fue denunciar ante la policía que había una usurpación, hice la denuncia la volvieron a hacer volvieron a poner a otra persona…”, dice Dolene.
Miller al ser consultada sobre qué forma de reparar esta situación podía sugerir a la corte, expuso que conociendo todos los atropellos y violaciones ocurridos, solicitó que se derogue la Ley 800, que conformó la comisión del Gran Canal en el año 2012 y también la Ley del Gran Canal, que afecta todo el proceso de la demarcación territorial de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Pidió que “se restituya el derecho de la población afrodescendiente creole de Bluefields, restituirle su certificación de una violación que hizo en el Consejo Regional Autónomo para certificar a un gobierno paralelo donde aceptaron prácticamente territorio que no fue aprobado por ninguna asamblea territorial de Bluefields, también solicitar que se anule ese título que entregó el estado de Nicaragua, en manos del presidente de la república al gobierno pararelo, que además de eso se continúe el proceso de la demarcación territorial en donde estaba…”.
Así mismo, que se les garantice la integridad física a cada uno de la población afrodescendiente.
“Mi función dentro de la Conadeti era acompañar el proceso de todos los territorios que solicitaron su demarcación territorial al apartarme ya no había representación que velara por los intereses de los pueblos, apartarme significaba una violación total a lo que había decidido una asamblea territorial para escoger a sus representantes, apartarme significaba que nuestros pueblos ya no tenían la oportunidad de conocer sobre las decisiones que se estaban tomando sobre estas importantes acciones para el proceso de la demarcación territorial…”, añadió Miller, quien al ser apartada de Conadeti de manera ilegal no pudo encontrar trabajo por lo que solicitó ser reinstalada ante la Conadeti.
Como parte de la reparación a la violación de sus derechos, Miller pidió que se debería reponer y restituir todos los beneficios que recibía, de manera personal, dentro de esta condición. “además el título de Bluefields debe anularse, lo que entregó el señor presidente de la república en el 2016… el atropello que sufrimos fue un atropello de desprecio, de rechazo a nuestras demandas y que además de eso pudiera identificar las formas de reparar no solamente a mi persona sino al pueblo afrodescendiente de Bluefields que ha estado luchando de manera ardua para lograr su demarcación territorial…”.
Conadeti está conformada por organizaciones e instituciones del Estado de Nicaragua, como el Consejo Regional Autónomo, de las dos regiones autónomas de Nicaragua, la Asamblea Nacional, la Procuraduría General de la Republica (PGR), los alcaldes en el proceso de la demarcación territorial, representantes de los ríos Coco y Bocay, los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros.
Solo de la población afrodescendiente creole hay aproximadamente 35 mil habitantes, menciona Miller, quien considera que la dificultad para delimitar es producto de una política del Estado “primeramente cercenar el territorio y luego no tener la voluntad de continuar el proceso de la demarcación territorial”.
No fueron consultados
Por su parte Rupert Allen Clair Duncan, vocal de la junta directiva del Gobierno Comunal de Monkey Point y tesorero de las etnias Rama y Kriol, quien se presentó como declarante en la audiencia de esta mañana, manifestó que nadie les consultó sobre el Gran Canal Interoceánico.
Al ser abordado por María Luisa Acosta, abogada de derechos indígenas y coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi) sobre cómo se organiza el gobierno Rama y Kriol, Clair Duncan, expuso que se organiza de nueve comunidades indígenas, seis del pueblo Rama y tres del pueblo Kriol, que habitan en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS).
Explicó que en cada comunidad hay una asamblea comunitaria que elige a los representantes de las autoridades comunales, “de ahí se conforma lo que es la asamblea del gobierno territorial Rama y Kriol, cada gobierno territorial elige a dos personas que representan lo que son las autoridades territoriales, que en total somos 18 miembros, yo formó parte de esto”, añadió el declarante.
“Nos dimos cuenta por los medios televisivos, radiales y por los periódicos, de la ley 800 y de la 840, por los mismos medios nos dimos cuenta, nosotros lo que hicimos primeramente fue demandar con un recurso de amparo a la Ley 800, que hasta la vez no nos han respondido, igual con la Ley 840, cuando vimos el significado y la magnitud, que era expropiarnos parte de nuestro territorio comunales, y en esta ocasión no era solamente una comunidad, sino que era Monkey Point y Bangkukuk Taik, donde están los colegios, las viviendas, centro de salud y lo que hicimos fue reunirnos como autoridades comunales e hicimos una demanda nuevamente”, expresó.
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Clair Duncan manifiestó que incluso ha sido hostigado por su postura. «En una ocasión me encontré a uno de los trabajadores del consejo regional y me dijo desistiese de estar peleando en contra de los proyectos que tiene el gobierno, si sigue haciéndole caso a las personas de afuera cualquier cosa le puede pasar”.
Becky McCrea, abogada defensora del pueblo Rama Cay, y quien participó en la audiencia como perito, manifestó que su participación ha sido en actividades de patrullaje dentro de la reserva Indio Maíz, así como en otras zonas dentro de su territorio y en la asistencia técnica legal en el proceso de saneamiento dentro del territorio Rama y Kriol.
“El proceso de saneamiento es la quinta y la última etapa, de acuerdo a la Ley 445, que es la de régimen de propiedad comunal, esto consiste en que una vez obtenido el título las comunidades indígenas o los territorios indígenas legalmente titulados en conjunto la institución del estado se realice, lo que es definir el estado la posesión y los derechos de los terceros dentro de las tierras comunales”, añadió McCrea.
Al consultarle Acosta si se ha realizado el proceso de saneamiento en el territorio Rama y Kriol, respondió que “ha sido estacando, engavetado, no existe ningún intereses ni voluntad por parte del estado de Nicaragua en cuanto a la ejecución de este proceso, sin embargo, en cuando a estos territorios por iniciativa propia y ante la desesperación de las comunidades, nosotros los comunitarios indígenas ramas y afrodescendientes, y ante la masiva invasión y colonización de nuestros territorios, nuestro gobierno territorial desde su propias iniciativas ha creado un mecanismo que se llama guía de convivencia para poder solventar o frenar algunos casos, lo que es la invasión de los colonos…sin embargo no hemos tenido el acompañamiento de parte de las instituciones del Estado”.
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McCrea a la vez denunció que los comunitarios indígenas se han visto amenazados, ya que la invasión de los colonos ha tocado directamente a la familia. “Un 80 por ciento de las tierras comunales están en manos de terceros, ya las comunidades indígenas no tienen acceso a sus tierras, acceso a trabajarlas, entonces esto también viene afectar la seguridad alimentaria de nuestras comunidades, afectando la condición de vida, de vivir en un ambiente sano, la invasión nos ha perjudicado mucho”.
El territorio Rama y Kriol fue titulado alrededor de medio millón de hectáreas según expuso Acosta, y consultó a McCrea, ¿hacia donde se van las personas cuando son desplazadas? Esta dijo que el 50 por ciento se desplaza a las comunidades de Ramaki, que es considerada la capital del territorio indígena Rama y Kriol, y que otra cantidad migra a la ciudad de Bluefields para buscar trabajo y poder sobrevivir.
También destacó que en estas comunidades, que son 9, solamente en tres cuentan con un centro de salud y tienen acceso a una educación secundaria y en las otras comunidades han estado desalojados y abandonados.
Parte de la inseguridad que se vive en las zonas es la que destaca McCrea, que en el 2020, junto a su equipo que realizaban patrullaje fueron emboscados por colonos. «Ese día nos amenazaron de muerte, nos dijeron que no siguieramos haciendo nuestro trabajo de defensa de la reserva, igualmente de las tierras comunales, porque esas tierras, son tierras comunales y del Estado, porque ellos tenían el permiso y el apoyo total de la municipalidad de ese departamento para continuar viviendo ahí», dijo.
«En otra ocasión también en el 2020, en otro patrullaje, porque a pesar de las amenazas no nos detuvieron, fue lo contrario más bien, esa vez fuimos detenidos por el Ejército de Nicaragua, nos tuvieron como cinco horas bajo el sol, sin agua, con hambre, ese día tomaron a tres de nuestros comunitarios, se los llevaron al puesto policial, los amarraron, después nos soltaron y nos resguardamos en una casa particular, donde nos apoyaron, echaron preso al presidente comunitario, nos liberaron pero tenían la casa rodeada, al día siguiente lo soltaron y lo que nos llama la atención es que las mismas autoridades nos dicen que ellos no tienen nada que ver…», añadió.
Por su parte Daniel López Sequeira, director de programa de derechos humanos de recursos naturales, expuso que la libre determinación es un derecho humano y a la vez un principio interpretativo que integra el alcance de los demás derechos de los pueblos indígenas y tribales, tales como identidad, cultural, la educación y la salud intercultural, los derechos territoriales, la consulta previa y por supuesto la autonomía y el autogobierno.
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