El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de Naciones Unidas actualizó su informe en relación a la situación del país en el último año, resultando en un deterioro significativo de las libertades públicas y las garantías civiles de su población.
El informe detalla el aumento de la represión y la censura a la libertad religiosa, siendo el régimen especialmente duro con la Iglesia Católica, además, el documento destaca grave violaciones a la libertad de expresión y de opinión, a la libertad de reunión pacífica y de asociación, de nacionalidad, de circulación y de propiedad.
Libertad religiosa, de las más afectadas
Entre los nuevos atropellos que se documentan en la ampliación de esta investigación, se detalla el arresto, destierro y desnacionalización de sacerdotes, obispos y otros personajes destacados de la Iglesia Católica, así como el cierre de organizaciones ligadas a ella y confiscación de sus bienes y propiedades.
«Durante la Semana Santa de 2023, las manifestaciones católicas fueron prohibidas en todo el país. En total se prohibieron al menos 3,176 procesiones», indica el documento, que además señala que «estas prohibiciones podrían haber afectado el ejercicio del derecho a la libertad de religión y otros derechos conexos de más de 3 millones de personas» y que tenían el objetivo de reducir toda capacidad de movilización o concentración por ser percibida como una amenaza al régimen.
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Deportaciones masivas y más abusos
También se señala el arresto, destierro y desnacionalización de periodistas, y la prohibición para que muchos de ellos entraran al país, así como cierre y confiscación de medios de comunicación.
Líderes religiosos extranjeros de diferentes denominaciones cristianas también han sido deportados, así como también se reporta una deportación masiva de nacionales.
«El Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que estas deportaciones también constituyen persecución como crimen de lesa humanidad», manifiestan.
«Entre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua en contra de miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas, opositores o percibidos como tales, objeto de este documento de sesión, se encuentran: la encarcelación, la tortura, la deportación y la persecución por motivos políticos», expresan los expertos.
En el caso de las confiscaciones masivas, el Grupo de expertos determinó que «no se realizaron en el marco de un procedimiento legalmente establecido y que las personas afectadas tampoco pudieron interponer un recurso y no se les ofreció una indemnización adecuada por la pérdida patrimonial», por los que las consideran arbitrarias o ilegales «al no haber cumplido con los estándares internacionales en la materia».
Murillo y Ortega pueden ser acusados penalmente en el mundo
Aunque el documento deja claro que no es el fin de su investigación, y que su mandato no es de carácter judicial, los hallazgos permiten identificar personas y grupos que cometieron abusos y violaciones graves de derechos humanos y que algunas de estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad y que por tanto, «dan lugar a la responsabilidad penal individual, ya sea bajo el derecho internacional penal o de conformidad con los tipos penales de la legislación nicaragüense».
Es decir, que el documento de esta investigación puede servir como evidencia ante un posible juicio penal internacional que cualquier país desee iniciar en contra de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus funcionarios como responsables directos de los mismos.
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