El Secretariado de ONG internacionales en Nicaragua (SONGI) envió este miércoles 7 de octubre una carta abierta al gobierno de Nicaragua, en la que expresan su preocupación por la iniciativa de «Ley de regulación de agentes extranjeros», a aprobarse próximamente en la Asamblea Nacional.
En la carta enviada al presidente del Parlamento, Gustavo Porras; al Canciller de la República, Denis Moncada; y a la Ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, el Secretariado señala que las 32 organizaciones que la conforman “gestionan cada año más de 25.5 millones de dólares en cooperación solidaria que llega a más de 550,000 personas hasta las comunidades más remotas del país”.
Enfatizan que los proyectos que desarrollan están abocado a la lucha contra la pobreza, mejoramiento de la nutrición, la seguridad alimentaria, la agricultura familiar sostenible, la salud, la educación, vivienda, protección social, gestión ambiental, resiliencia ante el cambio climático, acceso al agua potable y el ejercicio de los derechos humanos y ciudadanos de la población nicaragüense.
Cuba, Rusia y Venezuela: Los principales benefactores de Daniel Ortega a lo largo del tiempo
ONG ya reportan fondos
El Secretariado también subrayan que las organizaciones han venido cumpliendo con todas sus obligaciones legales y fiscales, “contenidas en los marcos regulatorios existentes” y que por tanto reportan fondos, donaciones, actividades y obligaciones ante Ministerio de Gobernación, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Dirección General de Ingresos (DGI), al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), al Instituto Nacional Tecnológico y a ministerios y alcaldías.
“Vemos con preocupación algunos conceptos y mecanismos planteados en la propuesta de “Ley de regulación de agentes extranjeros” ya que podría llevar a una situación de paralización de nuestras acciones de cooperación solidaria, en perjuicio de la población nicaragüense, máxime en las actuales condiciones de atención a los impactos de la pandemia de la COVID19, que se manifiesta en todos los ámbitos de la salud y la economía del país y la región Centroamericana”, advierten las organizaciones.
Mecanismo imposible de manejar
La ley crea un mecanismo de registro y reportes mensuales que según las ONG podrían ser imposibles de manejar, “dada la enorme cantidad de personas que tendrían que registrarse, los complicados procedimientos y la corta periodicidad que se establece”.
“Proponemos respetuosamente analizar previamente algunos mecanismos en coordinación con el Ministerio de Gobernación, Ministerio de Relaciones Exteriores y las ONG internacionales antes de aprobar la “Ley de regulación de Agentes Extranjeros”, en aras de evitar la duplicación de esfuerzos y poder agilizar trámites en función de nuestras actividades de cooperación”, expresa.
Wálmaro Gutiérrez habla de transparentar fondos de las ONG, pero no habla de transparentar la cooperación venezolana
Igualmente solicita la agilización de los mecanismos de aprobación de certificación de junta directiva, de representante legal, la constancia de cumplimiento de los requisitos que cada año presentan las organizaciones y la renovación de residencias a cooperantes internacionales.
Gobierno acusa a las ONG de «golpistas»
El gobierno de Daniel Ortega acusa a las ONG de recibir fondos internacionales para perpetrar un supuesto intento de golpe de Estado en el 2018 durante las protestas antigubenamentales. De la misma forma es enfático en señalar que la ley busca evitar que gobiernos u organizaciones extranjeras intervengan en las elecciones del 2021. Quienes sean inscritos como «agentes extranjeros» no podrán ser funcionarios o empleados públicos y tampoco podrán correr como candidatos a cargos públicos.
You must be logged in to post a comment Login