MINSA se quedará con edificio confiscado de 100% Noticias

Anuncian que construirán un centro de tratamiento a las adicciones en las instalaciones que usurparon a 100% Noticias

La fachada de 100% Noticias tiene algo diferente hoy. A las laminas de zinc que protegen la entrada y los oficiales que de pie se aprestan cada día a evitar el ingreso de sus propietarios se suma un gigante rótulo que anuncia que el edificio pertenece ahora al Ministerio de Salud y que en él se «construirá el Centro de Atención para personas con adicción de alcoholismo y/o drogadicción» .

El anuncio concreta un proceso de confiscación prohibido por la ley y del que no se tenía registro desde la década de los 80 con la llamada «Piñata», que enriqueció a buena parte de la dirigencia sandinista de aquel entonces, incluyendo muchos que ahora forman parte de la disidencia de ese partido.

«No hay resolución judicial»

«No hay ningún decreto confiscatorio, no lo dicen, lo hacen de hecho, no ha habido ninguna resolución judicial sobre los bienes de 100% Noticias», indicó Miguel Mora según registra una nota informativa publicada por su medio de comunicación.

Mora consideró que el anuncio sobre el destino de sus instalaciones «es una acción política de robo descarado, robo de facto, no puede pertenecer a nadie más porque no ha habido ningún decreto».

Tanto 100% Noticias como Confidencial presentaron un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia que no ha sido resuelto, por lo cual el bien no puede ser adjudicado.

El Magistrado Judicial Francisco Rosales aseguró el pasado 9 de enero, que ese fallo se publicaría pronto, pero al cierre del 2020 no ha sucedido y en su lugar se anuncia que el bien ha sido entregado al Ministerio de Salud, entidad cuya ministra de entonces Sonia Castro, fue sancionada por Estados Unidos que la señaló de haber prohibido la atención médica a heridos antigubernamentales y haber despedido injustificadamente al personal de salud que cumplió con su juramento hipocrático

Miguel Mora ha asegurado en el pasado que las pérdidas por la confiscación de sus instalaciones y equipos ascienden a más de 5 millones de dólares y que en su momento solicitará internacionalmente al Estado de Nicaragua resarcir esos daños económicos.

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