La aplanadora sandinista aprobó con 74 votos a favor, una reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Ley 842), que según opositores tiene como fin mantener abiertas las cuentas bancarias a funcionarios nicaragüenses que han sido sancionados por Estados Unidos por corrupción y violación a los derechos humanos.
La reforma obliga a las entidades financieras a mantener activas las cuentas bancarias de personas e instituciones públicas, a menos de que los cierres “estén legalmente justificados”, a pesar del peligro que ocasionaría esto a la banca nacional, según advirtió la Asociación de Bancos Privados (ASOBANP) en una carta enviada a la comisión económica del parlamento.
¿Mantendrá Biden la política de sanciones a Nicaragua o buscará otra estrategia?
ASOBANP indicó que con esta reforma, Nicaragua podría pasar a la lista negra que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la cual desarrolla políticas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
«Nos ponen en riesgo como país de pasar a la lista gris en que nos encontramos a la lista negra que impone el (GAFI), lo que ocasionaría el cierre de las cuentas de corresponsalía bancaria, la imposibilidad de recibir remesas, de enviar o recibir transferencias internacionales», se lee en la carta que envió ASOBANP a los Miembros de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, firmada por Juan Carlos Argüello Robelo, presidente de la Asociación de banqueros.
Sin embargo los legisladores oficialistas obviaron esto, y expresaron que es una violación «a los derechos humanos» que una entidad financiera cierre la cuenta bancaria a una persona o institución que «legítimamente haya abierto».
Las graves consecuencias de que Nicaragua entre a la lista negra del GAFI
En caso de que la banca intente proceder al cierre de una cuenta, los «afectados» podrán recurrir al Banco Central de Nicaragua y la Superintendencia de Bancos para apelar por la medida según la reforma aprobada.
En los últimos tres años de crisis sociopolítica Estados Unidos ha impuesto sanciones contra 27 funcionarios allegados a Daniel Ortega, así como a entidades privadas y públicas como la Policía Nacional. A consecuencia, los bancos han cortado relaciones con los involucrados en actos de corrupción y lavado de dinero para evitar ser considerados por el Departamento del Tesoro de violadores de las normas correspondientes.
Las sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. prohíben a todo ciudadano y empresa estadounidense tener relaciones de negocios con los sancionados, así como congelarles los bienes y capital que tengan en Estados Unidos.
Durante la discusión plenaria, el diputado liberal Paul González, señalado de ser ficha de Arnoldo Alemán, dijo que «la Ley no tiene efecto retroactivo, esto para calmar a entidades estatales y mixtas. Lo que ha habido es un ataque mediático en contra de la iniciativa de reforma» y apoyó la aprobación de la reforma.
«Ustedes han sido los principales abusadores de la ciudadanía nicaragüense» acusó el legislador sandinista a los banqueros y señaló que perjudicaban a la población a través de portafolios, las políticas de tarjetas de crédito para estudiantes y demás irregularidades que cometen las instituciones financieras.
Wálmaro Gutiérrez arremetió contra la banca nacional durante su discurso
Dictaminan reforma que podría proteger a entidades y funcionarios sancionados. Esta semana podría ser aprobada
De igual manera, el diputado Byron Jerez, aliado del FSLN defendió la aprobación de la reforma y se dedicó a despotricar contra los parlamentarios liberales que criticaron la iniciativa
Jerez también criticó a la política de bancos en cuanto a los intereses de crédito que asciende hasta el 60% anual, y detalló que cuando los usuarios caen en mora se puede llegar hasta el 86% anual, mientras que en otros países el interés es apenas del 14 al 16%. Wálmaro Gutiérrez, de la bancada sandinista también despotricó contra los liberales y aseguró que no le sorprendía que sus similares del partido liberal son consecuentes en votar en contra de los consumidores y más bien «votan por el patrón».
El diputado liberal Walter Espinoza señaló que su bancada no estaba en contra de los consumidores y tampoco defendían a los banqueros, si no que estaban en contra de que las instituciones y funcionarios sean consideradas como consumidoras.
Por su parte, Gutierrez señaló a algunos liberales de ser mitómanos y que «deberían de buscar un psicólogo» porque supuestamente dicen una cosa en el plenario y otra cosa a lo interno de las comisiones engañando de esa manera a la población.
Nicaragua Investiga
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