Canadá pide a gobierno de Nicaragua aplicar «reformas significativas»

Canadá se ha sumado a las demandas de la comunidad internacional y ha expresado su preocupación frente a las «nuevas acciones» tomadas por el gobierno de Daniel Ortega de cara a los comicios de noviembre.

A través de la oficina de política exterior, reconocen que estas medidas solo «negarán a los nicaragüenses elecciones libres y justas». De igual forma, Canadá solicita la aplicación de «reformas significativas» y muestra su apoyo a los llamamientos de los nicaragüenses a la democracia, y la celebración de elecciones libres y justas.

Esta semana la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) también emitieron pronunciamientos ante la reiente aprobación de una reforma a la Ley Electoral y el cambio de magistrados dentro del Consejo Supremo Electoral.

Unión Europea y OEA cuestionan magistrados del Poder Electoral y reformas

La Unión Europea sostuvo que ambas decisiones «constituyen otro retroceso que nos aleja de una solución inclusiva, democrática y pacífica a la actual crisis política en Nicaragua», e insistió en que las reformas no coinciden con lo solicitado por la comunidad internacional.

Canada stands with partners in the international community to express strong concerns over new actions that will deny Nicaraguans free and fair elections. ???????? calls for meaningful reforms and supports Nicaraguans’ calls for democracy & free and fair elections in November 2021.

— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) May 8, 2021

Por su parte, la OEA reconoció que los «cambios» aplicados por los parlamentarios nicaragüenses «dan ventaja absoluta» al partido Frente Sandinista (FSLN), «eliminando las garantías necesarias y la credibilidad institucional mínima para el desarrollo de un proceso electoral libre y justo en noviembre de 2021».

La OEA habría brindado como plazo límite para la aplicación de reformas electorales en Nicaragua hasta este mes de mayo, sin embargo las aplicadas hasta el momento por el oficialismo han sido directamente rechazadas al tratarse de «una cortina de humo» mientras los poderes del Estado continúan controlados bajo una misma línea.