Autoridades pasan por alto la violación de menor que falleció durante el parto

El Minsa incluso cuenta con un equipo multidisciplinario para dar seguimiento a los casos de embarazos en menores de edad.

El pasado 30 de julio de 2021 se registró una muerte materna en el municipio de Laguna de Perlas, Costa Caribe Sur; el caso se trataba de una niña de 13 años, quien dio a luz a un bebé de 3,000 gramos, sufriendo un shock hipovolémico, secundario a hemorragia post parto por desgarro uterino más atonía uterina, que le provocó la muerte.

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Los ginecólogos refieren que una mujer se encuentra apta para un embarazo, cuando su cuerpo está totalmente desarrollado (es decir, más de 20 años).

Minsa cuenta con equipo para atender embarazos de menores

El Ministerio de Salud (Minsa) tiene un sistema con el que dan seguimiento a los casos de embarazos en menores de edad, principalmente buscan brindar la asistencia médica y toda la atención especializada “nosotros ante un caso de esos, activamos nuestro equipo multidisciplinario para la valoración, luego la activación a nivel interinstitucional, el reporte a la policía y el seguimiento”, resaltó Mario Méndez, Director del Minsa en Bluefields.

Méndez informó que como Minsa, ellos han implementado muchas estrategias, entre estas la reducción de la mortalidad materna y la infantil, siendo uno de sus principales eslabones del ministerio. “Velamos por la salud de la mujer y el niño, por lo que contamos con plan de parto, entrega de métodos anticonceptivos, partos asistidos, son algunos de los mecanismos que ejecutamos principalmente en áreas rurales, la población debe de tener conciencia sobre los embarazos de alto riesgo, es decir, en edades tempranas o en edades extremas, como Minsa estamos tratando de reducir esos riesgos”, indicó.

Fotografía de referencia | NI

El doctor también insistió en la importancia de los controles prenatales, que sirven para ver si hay factores de peligrosidad, durante el embarazo y así evitar problemas a futuro.

Menores son víctimas de una violación

La Ley 641 (Código Penal), tiene estipulado la prohibición de sostener relaciones sexuales con menores de edad, por tanto aquellos adultos que valiéndose de su condición, sostengan relaciones sexuales con menores de 14 años, la Ley les castiga con cárcel, puesto que la víctima a esa edad no tiene discernimiento, ni pleno uso de sus facultades para entablar una relación amorosa.

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El Artículo 168 de la Ley 641 dice que «quien tenga acceso carnal o se haga acceder con o por persona menor de catorce años, o quien con fines sexuales le introduzca o la obligue a que se introduzca dedo, objeto o instrumento por vía vaginal, anal o bucal, con o sin su consentimiento, será sancionado con pena de doce a quince años de prisión».

La abogada Martha Barillas señaló, que en el caso específico de la niña de 13 años, se dio una violación agravada puesto que “hubo un daño grave en la salud de la víctima, en algunos municipios de nuestra región hay muchas ideas erróneas de las personas que, por ejemplo, dicen que las niñas son libres de actuar y vivir con quién quieran, que tienen sus relaciones con consentimiento, pero hay que estar claros que los menores no tienen esa facultad, por lo tanto eso se califica como violación; veo que tristemente hubo omisión de parte de las autoridades, quienes por mandato de ley debieron haber investigado quién violó a la niña y hacerlo pagar con cárcel”.

A su vez, Barillas mencionó que la población está en la obligación de denunciar este tipo de casos, siempre y cuando tengan conocimiento, porque el callar es ser cómplice. Los padres, vecinos y médicos que dieron seguimiento y atendieron el embarazo, infringieron la ley al no denunciar.

«No se puede naturalizar los embarazos en niñas y adolescentes. Las autoridades deben investigar todo, los embarazos en menores de 14 años son producto de violencia sexual. A esta menor lamentablemente fallecida, se le han violentado sus derechos humanos» fue el pronunciamiento emitidio por la Red de Mujeres Contra la Violencia.

Situación nacional

En la Región Autónoma Costa Caribe Sur, es muy frecuente ver casos de niñas de 11 a 14 años embarazadas, especialmente en los municipios lejanos, donde todavía prevalece el machismo y algunos padres entregan a sus hijas en base a intereses.

Uno de los Principios Rectores de la Ley 779 (Ley Integral Contra la Violencia Hacia Las Mujeres), cita que «se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente todo aquello que favorezca su pleno desarrollo físico, psicológico, moral, cultural y social, en consonancia con la evolución de sus facultades que le beneficie en su máximo grado y en especial el reconocimiento, vigencia, satisfacción y disfrute de sus derechos, libertades y garantías de forma integral». En nuestra sociedad actual, ese principio se quebranta con mucha frecuencia, pese a los esfuerzos que han venido haciendo las organizaciones feministas, que procuran el bienestar de la niñez y las mujeres.

A nivel latinoamericano, Nicaragua continúa siendo uno de los países con mayor proporción de embarazos a temprana edad (92 de cada 1,000 adolescentes según un informe de Plan International de 2018); y es el segundo con el más alto índice a nivel de Centroamérica.

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Dicha problemática supone importantes retos de políticas públicas que deben ser atendidos por las autoridades mediante la implementación de presupuestos suficientes y sostenibles, que empujen a materializar y garantizar los derechos la niñez y la adolescencia.

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