Reportan 51 feminicidios de enero a agosto de este año

Hasta septiembre de 2021, Católicas por el Derecho a Decidir contabilizó a 65 niños y niñas en la orfandad producto de los femicidios.

Hasta el mes de septiembre de 2021, la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) informó que 51 mujeres han sido asesinadas en el país. Además, reportó 86 casos de femicidios en grado de frustración, siendo la Región Autónoma del Caribe Norte con más incidencia en el país.

Esta organización feminista realiza un monitoreo mensual de estos crímenes en contra de las mujeres, los cuales en su gran mayoría han sido perpetrados en contra de mujeres entre los 18 y 59 años de edad.

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Católicas por el Derecho a Decidir también dio a conocer que nueve mujeres nicaragüenses que vivían en otros países fueron víctimas de femicidio. Seis de ellas residían en Costa Rica, una en Ecuador, otra en España, y una más en México.

Según informaciones, de todos estos casos de femicidios en el país, 15 se encuentran en proceso judicial, 7 han sido sentenciado, 11 impunes, y otros bajo investigación o prófugos de la justicia. La gran mayoría de agresores han sido identificados como cónyuge de las víctimas.

Fotografía de referencia.

Mientras a nivel nacional, los departamentos con más incidencia fueron la Región Autónoma del Caribe Norte y Managua.

Más niños y niñas huérfanos

Los casos de femicidios no solo ocasionan daños sobre la víctimas, sino también sobre sus familiares; hasta septiembre de 2021 los asesinatos acumulados han dejado un total de 65 niños y niñas en la orfandad. Durante el año 2020, se reportaron un total de 115 menores huérfanos producto de estos crímenes.

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Un informe de esta organización indicó que en los primeros seis meses de 2021 un total de 68 mujeres sobrevivieron a “feminicidios frustrados” en Nicaragua, mientras que el año pasado registraron 21 en el mismo periodo. Lo cual indica que en Nicaragua cada año incrementan los casos de violencia machista.

Católicas por el Derecho a Decidir ha demandado un respuesta más firme por parte de las autoridades del gobierno para la protección de las mujeres, pese a la existencia de la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres que entró en vigencia desde 2012.

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