La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la periodista nicaragüense María Lilly Delgado, por medio de una solicitud de la organización Race and Equality. En el documento se considera que Lilly Delgado se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua.
La CIDH solicita al gobierno nicaragüense que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de María Lilly Delgado. «A tales efectos, el Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de la beneficiaria, como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros».
El organismo de derechos humanos también solicita que a Delgado se le permita ejercer su labor como periodista independiente sin ser objeto de violencia, intimidación, amenazas u hostigamiento.
Investigada por lavado de dinero
Los hostigamientos, intimidaciones y vigilancia contra la periodista iniciaron a partir de la investigación de la que fue imputada junto a Guillermo Medrano y Lourdes Arróliga, por ser extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), a la que el régimen de Daniel Ortega acusa de lavado de dinero bienes y activos.
«En menos de 72 horas pasé a ser de testigo de este caso a ser investigada, (…) porque existe vinculación con lo que la Fiscalía llama mal manejo de los fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro» dijo entonces la periodista al salir de una cita en el Ministerio de Gobernación en mayo del 2021.
Detención preventiva de extrabajadores de Fundación Violeta Barrios de Chamorro
María Lilly Delgado trabajó como consultora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro capacitando a periodistas «eso no es un crimen» dijo ese mismo día. Delgado también es corresponsal de Univisión en Nicaragua. La cadena de televisión defendió a Delgado luego de ser imputada.
«Estamos profundamente preocupados por las amenazas directas e indirectas en contra de nuestra corresponsal» dijeron en un comunicado.
A través de la investigación en contra de la FVBCH el régimen de Ortega inhabilitó a Cristiana Chamorro como candidata presidencial que hasta ese momento lideraba las encuestas de popularidad.
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